La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha dejado este jueves visto para sentencia el juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente de una persona con discapacidad intelectual.
En sus conclusiones el fiscal ha ratificado su petición inicial de 25 años de cárcel para el procesado y pide también que se le imponga una orden de alejamiento de la víctima durante 25 años, además de libertad vigilada por tiempo de 9 años, que le prohíba acudir a eventos o acontecimientos públicos destinados a menores de edad, entre otras penas. Además, se pide que el acusado pague 25.000 euros por daños morales. Este hombre tiene antecedentes penales aunque no son computables a efectos de reincidencia.
Concretamente la Fiscalía considera al acusado "autor responsable" de dos delitos de abuso sexual con acceso carnal sobre persona con discapacidad y un delito continuado de abuso sexual con acceso carnal sobre persona con discapacidad. El caso procede del Juzgado de Instrucción nº 3 de Cangas.
El acusado es el padre del novio de la víctima, ambos chicos parecen un trastorno de espectro autista y se conocieron en un centro que atiende a personas con discapacidad intelectual.
El acusado se declaró inocente e incluso aseguró desconocer que su hijo y la novia tuviesen algún tipo de discapacidad alegando que se enteró a raíz de la denuncia. Además, dijo al tribunal que la joven le denunció porque "está encubriendo algo o a alguien, por cariño o porque no quiere hacerle daño".
Este hombre explicó que es marinero y que de domingo a viernes trabaja en un barco que faena en el mar Cantábrico. Añadió que en los últimos diez años vive junto a su pareja, quien durante el juicio dijo no haber visto nada relacionado con los hechos que imputan a su compañero.
A continuación declaró la víctima a puerta cerrada repitiendo la misma versión de los hechos que durante estos años ha dado ante la Guardia Civil, el juzgado de instrucción, las psicólogas del centro donde estudia y las del Instituto de Medicina Legal de Galicia (IMELGA).
Según ha señalado el fiscal jefe Juan Carlos Aladro el relato de la víctima es "coherente, lógico, sólido y bastante preciso" por lo que concluyó que "tenemos prueba bastante para que no exista la menor duda en favor del reo".
El fiscal considera probado que, entre los años 2015 y 2019, el acusado "conocedor del trastorno" que padecía la chica la "manipuló" para mantener relaciones sexuales con ella con el pretexto de que iba a "enseñarle". Los abusos se producían durante los fines de semana cuando la joven acudía a casa de su novio.
Estos hechos se descubrieron a raíz de que la chica acudiese al ginecólogo por haber contraído una enfermedad de transmisión sexual, algo que causó alarma en su entorno ante el reducido círculo de personas con las que convive.
Según las forenses del Imelga la víctima tiene un retraso mental moderado y un trastorno generalizado del desarrollo que limita de forma grave sus capacidades intelectivas y volitivas ante una relación sexual no deseada. "Capacidad para determinarse sexualmente si que tiene pero no para comprender sus consecuencias de facto", explicó una de las psicólogas.
Además estas profesionales concluyeron en su informe que no observaron en la víctima una motivación secundaria por el hecho de denunciar al padre de su pareja, ni razón expuria o de venganza.