La justicia da la razón a uno de los jugadores del Pontevedra sancionados en 2017 tras un informe de Inspección de Trabajo
Por Diego Espiño
El Juzgado de lo Social número 2 de Pontevedra ha dado la razón a uno de los jugadores del Pontevedra Club de Fútbol multados en 2017 tras un informe elaborado por la Inspección de Trabajo en la que se denunciaban presuntas irregularidades en la cotización de futbolistas.
En concreto esta situación afectó a cinco jugadores de la primera plantilla granate por haber sido dados de alta en la Seguridad Social a principios de agosto y no el 17 de julio con el inicio de la pretemporada, lo que suponía según la administración un desfase de 2.876,80 euros en las cotizaciones al erario público. Todo ello fue el desencadenante de una sanción al club por parte de la Seguridad Social de 65.646 euros, multa con la que desde el primer momento se mostraron disconformes desde la entidad pontevedresa.
De los afectados sólo un jugador decidió recurrir el castigo en su caso impuesto por el Servicio Público de Empleo, ya que al estar cobrando prestación por desempleo durante ese mes de julio les quitaron el derecho a la ayuda en algún caso por dos años. También recurrió el Pontevedra, pendiente todavía de sentencia judicial.
Sin embargo la sentencia de la jueza con respecto al futbolista que sí recurrió la situación hace al club albergar esperanzas de una resolución positiva a sus intereses. En concreto la magistrada de la sala de lo Social argumenta que "es en el momento de firmar el contrato cuando al futbolista se le expide la ficha federativa y es en ese momento cuando comienza el cobro del salario correspondiente, y con anterioridad a ese momento los jugadores están en periodo de prueba, realizando algunos entrenamientos y disputando partidos amistosos".
Además la sentencia se muestra muy crítica con el informe elaborado por la Inspección de Trabajo y en concreto con la subinspectora que declaró en el juicio, ya que "ella misma reconoció que ni habían hablado con los futbolistas, ni habían hablado con la Federación, que no sabía cuántas horas trabajan los futbolistas antes de la firma del contrato, que no sabía cuántos jugadores figuraban en la pretemporada, y que no tenía prueba de que hubiese habido retribución alguna".
Según el fallo judicial, firmado con fecha del pasado 11 de marzo, las manifestaciones de Inspección "no hacen sino llegar a la conclusión de que las consideraciones contenidas en el acta de infracción carecen de rigor y de consistencia", por lo que "no procede imponer una sanción" al jugador, concluye ordenando que le sean reintegradas las cantidades que tuvo que devolver en su momento a la Seguridad Social.
En su momento en la junta de accionistas celebrada en enero de 2019 Enrique Mariño, consejero del Pontevedra, defendió que "hemos actuado correctamente" en este caso anunciando por entonces un recurso judicial que "no me cabe duda de que tenemos viso de ganarlo".