Los quince trabajadores que componen el servicio de recogida de basura en el municipio de Poio se encuentran en una situación de extremo malestar debido a la parálisis en las negociaciones para renovar su convenio colectivo, vencido desde finales del año 2024.
Debido a la falta de respuestas por parte de Valoriza, la empresa concesionaria, la CIG anunció el inicio de movilizaciones de cara a la próxima semana que, de no dar fruto, podrían desembocar en una huelga en pleno periodo estival.
El representante de la ejecutiva comarcal de la CIG, Javier Dapena, acompañado por el delegado de personal de la empresa Valoriza en Poio, Rubén Outeda, explicaron la precariedad en la que desarrollan su labor.
Con una plantilla reducida, compuesta por nueve conductores, cinco peones y un administrativo, el colectivo debe hacer frente al incremento del volumen de residuos que registra el ayuntamiento debido a su condición de villa turística.
Según detallaron, los refuerzos estivales se limitan a dos o tres operarios, una cantidad que consideran insuficiente y que genera quejas vecinales.
El sindicato incidió en la congelación salarial que arrastra el servicio. Entre los años 2014 y 2024, las retribuciones únicamente experimentaron un incremento global próximo al 10%, lo que equivale a una media de 15 euros anuales.
El único avance significativo en ese periodo tuvo lugar en el año 2024, cuando se pactó una subida del 4,6% tras desconvocarse una huelga en el último momento.
En diez años, apuntan que los conductores pasaron de 1.049 euros a 1.069 euros (20 euros más en diez años); y los peones aumentaron 41 euros su salario, de 920 euros a 961 euros.
Según indicaron, estas cuantías se complementan con diversos pluses pero permanecen lejos de las que se perciben en otros ayuntamientos del entorno, como Sanxenxo o Pontevedra.
En marzo de este año, el nuevo delegado propuso a la empresa una subida salarial correspondiente a los años 2025 y 2026 basada en los indicadores de precios (IPC), que se traduciría en un incremento aproximado del 5,8% (alrededor de unos 30 o 40 euros mensuales).
La CIG subrayó el realismo de su propuesta, ya que no incluye demandas de mejoras sociales ni de permisos con el objetivo de alcanzar un salario digno antes de negociar un convenio de mayor duración en 2027. La dirección de Valoriza no ofreció ninguna respuesta ni remitió las actas de los encuentros.
La representación de los trabajadores señala al Concello de Poio como parte corresponsable del conflicto. "O Concello é responsable, non é culpable, pero é responsable, porque é o que paga", apuntó Dapena.
La CIG sospecha que existen desajustes en los pagos que realiza la administración local a la empresa. Según explicaron, la actualización de los precios en estos contratos públicos se rige por fórmulas de revisión complejas derivadas de la normativa de residuos.
El sindicato apunta a que Valoriza podría estar percibiendo el canon fijo pero no la revalorización anual, provocando que en las negociaciones la empresa alegue falta de fondos con los que afrontar las mejoras salariales.
Ante este escenario de silencio administrativo y empresarial, el personal tiene previsto desarrollar una concentración de protesta la próxima semana y advierte de que la huelga de verano será inevitable si no se negocia con una propuesta en firme.