Mientras las administraciones cruzan acusaciones, los conductores gallegos se preparan para otro golpe al bolsillo. La AP-9, la autopista que vertebra Galicia, tiene prevista una nueva subida para el próximo año.
La previsión de la consesionaria Audasa es aplicar en 2026 una subida del 4,4% en los peajes de la AP-9 lo que situará el trayecto entre Pontevedra y Vigo por encima de los cinco euros.
En apenas cuatro años, esta vía se ha encarecido más de un 20%, consolidándose como una de las autopistas más caras de España.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha criticado esta subida de peajes de la AP-9 para el próximo ejercicio, y ha lamentado que "los intereses" de Audasa y del Gobierno central, que "la respalda y la tolera" van "nuevamente en contra de los intereses de los gallegos".
Rueda recordó que la Xunta dispone de un estudio que demuestra que rescatar la autopista sería más rentable que mantener la concesión hasta su vencimiento en 2048.
La Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) también ha alzado la voz. Asegura que esta nueva subida "castiga" a las empresas gallegas y a los miles de profesionales que dependen de la principal arteria de comunicación del noroeste peninsular.
Mientras tanto, el Gobierno central mantiene su negativa a liberar la autopista. La secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena Rodríguez, insistió en el Congreso en que “no es viable” eliminar los peajes por el “altísimo volumen de gastos” que ello implicaría.
En anteriores ocasiones, el ministro Óscar Puente ha llegado a estimar el coste del rescate en más de 4.000 millones de euros, frente a los 1.500 millones que calcula la Xunta.
La polémica se agrava tras la sentencia de la Comisión Europea, que declaró ilegal la prórroga de la concesión de Audasa hasta 2048 por vulnerar las normas de competencia.
Bruselas abrió así la puerta a un posible rescate estatal, pero, por ahora, Madrid no parece dispuesto a asumir ese coste.