La sección segunda de la Audiencia de Pontevedra ha condenado a un empresario gallego dedicado a la comercialización de aparatología médico-estética a cuatro años y ocho meses de prisión por delitos continuados contra la propiedad industrial, falsedad en documento mercantil y estafa.
La sentencia considera acreditado que el acusado importó desde China, entre febrero de 2015 y diciembre de 2016, equipos de tratamiento facial que posteriormente comercializaba como si perteneciesen a una reconocida marca del sector.
Sin embargo, los aparatos no eran originales ni contaban con autorización de la empresa titular de la marca para su distribución.
Según recoge el fallo, el empresario vendió al menos una quincena de estos equipos a propietarios de clínicas estéticas de distintas zonas de España.
Los dispositivos se entregaban acompañados de etiquetas, certificados y documentación que reproducían la imagen de la marca registrada, lo que llevó a los compradores a creer que adquirían productos auténticos.
Las irregularidades comenzaron a detectarse cuando varios clientes experimentaron problemas de funcionamiento con los aparatos y no obtuvieron respuesta del supuesto servicio posventa. Ante esta situación, contactaron con los laboratorios licenciatarios de la marca en España, que confirmaron que los equipos no habían sido fabricados ni distribuidos por la compañía.
La investigación judicial concluyó que el acusado continuó importando y comercializando los dispositivos incluso después de haber sido requerido formalmente para cesar esta actividad.
Además, quedó probado que falsificó certificados de conformidad europea (CE) y otra documentación técnica con el fin de aparentar la legalidad de los productos y ocultar su verdadera procedencia.
Junto a la pena de prisión, la Audiencia Provincial le impone el pago de indemnizaciones por valor de 92.666 euros a las víctimas afectadas por la estafa. Asimismo, deberá abonar 30.000 euros a la empresa perjudicada por el uso fraudulento de su marca en concepto de daños morales.
La resolución también acuerda el comiso y la destrucción de toda la mercancía intervenida durante la investigación.
La sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.