Ante la imposibilidad de continuar prorrogando el contrato de servicios con la abogada y la psicóloga que atendían el Centro Información a la Mujer de Ponte Caldelas, el gobierno local tomó la determinación de contratar un servicio integral de asesoría legal para todos los vecinos durante un día a la semana.
El servicio atenderá a las víctimas de violencia de género, pero también servirá para asesorar sobre todo tipo de cuestiones de índole social como desahucios, reclamaciones delante de compañías suministradoras, separaciones, etcétera.
Este servicio, además, se verá complementado por la pronta entrada en funcionamiento de otro equipo de asesoramiento para canalizar las reclamaciones de los pensionistas que hayan cotizado en el extranjero, atendiendo así a una casuística muy extendida en Ponte Caldelas y en toda la comarca.
En cuanto a la atención psicológica, el Concello continuará atendiendo a las personas que la soliciten, previa cita y atendiendo a los gastos de desplazamiento hasta que se despliegue un servicio propio, adecuado a las necesidades reales, a lo largo del año.
El equipo de gobierno, compuesto por PSdeG-PSOE, AVP y BNG, optó por esta solución contando con la opinión de los técnicos municipales, que confirmaron la imposibilidad de volver a prorrogar el "irracional contrato de servicios heredado del anterior gobierno local".
Aun más, las dos trabajadoras presentaron demanda en vía laboral reclamando bien la indemnización, bien su consolidación como personal laboral hizo. Esta segunda opción suponía para el Concello de Ponte Caldelas una repercusión salarial bruta de unos 60.000 euros al año, una cifra totalmente inasumible, que, según el gobierno local "descuadraría la política de personal y que, de hecho, obligaría a subir los impuestos".