Saber si hay carne de caballo en las hamburguesas que nos venden como cien por cien de ternera, detectar sustancias fecales en la tarta del Ikea, garantizar que la calidad de las aguas de nuestras playas merece una bandera azul, controlar el estado de los moluscos, son solo algunas de las tareas que diariamente ocupan a los 21 técnicos que trabajan en Pontevedra en el Laboratorio de Saúde Pública que la Xunta ha decidido cerrar.
El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y una comisión de trabajadoras de este Laboratorio solicitaron a la Conselleria de Sanidade que reconsidere la decisión de cerrar los centros provinciales y habilitar un único laboratorio en Lugo.
Según explicó Pilar Fernández, coordinadora del laboratorio, en el año 2009 fueron inauguradas las instalaciones de la ciudad del Lérez que se montaron en el edificio administrativo de Pontevedra con un coste de 4,5 millones de euros, sin incluir medio millón más en los equipamientos. "Por este motivo a decisión do peche agora ten menos sentido aínda", dijo el alcalde.
Una parte de la plantilla del laboratorio pontevedrés tendrá la posibilidad de continuar su actividad en Lugo, con los transtornos que esto supone, mientras que el resto será recolocado en la delegación en otros puestos ajenos a su formación como técnicos de laboratorio.
El laboratorio pontevedrés cuenta con los más altos certificados de calidad, es un servicio "esencial" para el control que se realiza sobre los alimentos, el catering de los colegios, el agua de las piscinas, de los hospitales, en verano se llevan a cabo 50 muestras diarias de playas. Además el de Pontevedra es el único de Galicia que realiza análisis de metales pesados procedentes de la pesca.
Si la decisión de la Xunta no cambia en el plazo aproximado de un año, todo este tipo de analíticas tendrán que hacerse en Lugo, perdiendo inmediatez y sin que esto suponga un ahorro en los costes.
La coordinadora calificó de "abuso de poder" y "nepotismo" la decisición de suprimir los centros periféricos. En este caso no se trata de ninguna herencia de gobiernos anteriores ya que este modelo fue impulsado por la conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, durante el primer mandato de Alberto Núñez Feijóo.