El Tribunal Superior de Justicia de Galicia acaba de notificar esta semana al Concello una sentencia por la que se anulan los acuerdos municipales del año 2010 por los que se adjudicó directamente el aparcamento subterráneo de la calle de Antón Fraguas a la promotora Veteris, que había ejecutado la obra gracias a un acuerdo municipal unánime adoptado en 2003.
El actual concejal de Urbanismo, Antón Louro, destaca que la sentencia fue notificada al Concello el pasado lunes y aún está siendo estudiada por los técnicos. No obstante, ya puede anticipar que la resolución, que no es firme, será recurrida dentro del plazo legal de 15 días.
"De un primer análisis del texto legal vuelve a quedar claro que la raíz de este conflicto urbanístico está en la anulación de la modificación de la normativa del Plan General de Urbanismo sobre el uso del subsuelo y que permitió la ejecución del aparcamiento abarcando simultáneamente suelo público y privado sin concurso público".
Esa modificación, que fue aprobada en 2003 con los votos de los grupos municipales PP, BNG y PSdeG-PSOE, dio soporte al convenio con Veteris y al Plan Especial de Infraestruturas y Dotaciones. Y todo lo ello fue anulado por otra sentencia del año 2007.
Ante la situación de inseguridad jurídica creada, en el año 2010 se tramitó la adjudicación directa de la explotación del aparcamiento a la empresa que lo había construido. Trámite que, al estar apoyado necesariamente en los actos administrativos del año 2003, fue anulado ahora nuevamente por el Juzgado del Contencioso-Administrativo.
No obstante, Antón Louro considera que lo relevante de las actuaciones del año 2010 es la elaboración de una valoración de las obras realizadas, que fue cerrada en 3.108.005,14 euros más IVA. La promotora Véteris aceptó formalmente esa valoración en un acuerdo de conformidad presentado por el Registro y renunció expresamente al lucro cesante. Esa cantidad sirvió también para el cálculo de una eventual indemnización en caso de que la explotación del aparcamiento tenga que salir a concurso público y resultara adjudicataria otra empresa.
Antón Louro considera que los pactos firmados preservan los intereses municipales porque, de abrirse la licitación de la parte pública del aparcamiento y de no resultar Veteris a adxudicataria, la nueva empresa debería depositar cómo impuesto anticipado una cantidad, como mínimo, equivalente a la valoración de las obras. Además, recuerda que el acuerdo con Veteris va aminorando el importe de la indemnización en función del período de amortización tras la apertura del aparcamento, producida en el año 2010. En suma, Louro entiende que "se ataron los cabos de una manera inteligente, después de un amplio debate interno entre los técnicos municipales y de una larga negociación con la promotora".
El actual concejal de Urbanismo recuerda que se trata de un tema complejo, que viene de muy atrás y que ya heredó la anterior responsable de esta área y que ahora le toca la él gestionar con responsabilidad y lealtad con los acuerdos adoptados en la Corporación municipal.