La decisión de la Audiencia de Pontevedra de desestimar el recurso del Concello de Pontevedra sobre la caducidad parcial de la concesión de los terrenos ocupados por la fábrica de la compañía Ence ha provocado que los servicios jurídicos municipales estudien si existe la posibilidad de presentar un recurso a esta decisión ante el Tribunal Supremo.
La concejala Carme da Silva señalaba que esta sentencia se refiere a la concesión previa a 2018 y aclaró que el Concello mantiene la solicitud de anulación de la prórroga concedida por parte del gobierno de Mariano Rajoy por 60 años más. Da Silva indicó que si hay voluntad política no es necesario llevar a cabo procedimientos jurídicos sino políticos y administrativos para que Ence abandone la ría.
Ante las acusaciones desde la empresa de "acoso judicial", el Concello de Pontevedra señala que usa todos los mecanismos a su disposición para que "non se perpetre a agresión á sociedade pontevedresa e continúe 60 anos máis", afirmaba Carme da Silva indicando que van a seguir utilizando todas las opciones en este sentido.
La coordinadora del grupo municipal del BNG arremetió contra Ence indicando que está acostumbrada a utilizar otros mecanismos y señaló que la empresa pastera mantuvo negociaciones que le supusieron beneficios de miles de millones y que se realizaron sin luz, sin taquígrafos y sin conocimiento público.
La concejala también informó del punto tratado en la comisión de Urbanismo sobre la remisión a Aguas de Galicia de los informes emitidos en relación con el anteproyecto del nuevo emisario submarino de la Estación Depuradora de Praceres. Da Silva recordó que el pleno rechazó por unanimidad la construcción de esta infraestructura y afirmó que si el actual emisario va a quedar a disposición de Ence y funciona correctamente, "xa temos emisario".