La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística inició este miércoles la demolición de una segunda vivienda construida en primera línea de playa, sin licencia municipal y sin licencia autonómica, ubicada en suelo rústico de protección de costas en el lugar de Pipas, Reboredo, en el Concello de O Grove.
Los responsables de la Agencia retrasaron el derribo para permitir a los propietarios retirar algunos pertenencias del interior de la casa. Posteriormente, fue un juez el que paralizó el derribo de forma temporal tras presentar los propietarios un recurso por el vencimiento del plazo de entrada en la propiedad para la demolición, previsto para el lunes pasado, y no haber comunicado la nueva ejecución.
Esta vivienda unifamiliar fue objeto de una orden de paralización de obras por parte de este Ayuntamiento en 2002 y un año después fueron declaradas ilegalizables, es decir, hace más de una década. Al mismo tiempo, la orden de demolición fue confirmada por sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia el 31 de octubre de 2007. Esta sentencia fue declarada firme en marzo de 2009.
Transcurrido el plazo concedido al interesado para que procediera a la demolición, se le impusieron hasta cinco multas coercitivas. Ante la persistencia en el incumplimiento de la orden, se dicta acuerdo de ejecución subsidiaria a costa del interesado, que interpone un recurso contencioso administrativo, finalmente desestimado por un juzgado de Pontevedra en enero de 2011.
En un comunicado hecho público desde la Xunta, se lamenta la creación de "plataformas que ponen trabas a la reposición de la legalidad urbanística, defendiendo los intereses particulares de personas que construyeron al margen de la ley y perjudicando con ello los intereses generales de la inmensa mayoría de ciudadanos que respetan la legalidad".