La carta remitida por el alcalde de Pontevedra al nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le pedía "colaboración política" para sacar la fábrica de Ence de la ría, no ha gustado a la dirección de la compañía pastera.
Ence asegura que la renovación de la prórroga se sometió "escrupulosamente" a los plazos que establece la ley, por lo que recomienda a Miguel Anxo Fernández Lores que, en lugar de pedir de forma "populista" que anule esta prórroga, debe esperar la resolución sobre los recursos presentados y respetar los plazos legales "como tiene que hacer cualquier ciudadano o entidad".
El respeto a la legalidad, señalan desde la empresa, es "fundamental" en un estado de derecho "avanzado y moderno", por lo que entienden que "no podemos caer en las actitudes de algunos políticos nacionalistas de ignorar las normas establecidas y los procedimientos que marca nuestra legislación".
Con respecto al comportamiento ambiental de su fábrica en Pontevedra, Ence afirma que es "excelente e intachable", ya que cumple "rigurosamente" con la "exigente" normativa europea y española. Su actividad, añaden, "no contamina ni perjudica en absoluto la calidad de las aguas de la ría de Pontevedra".
La compañía está inmersa, recuerdan desde Ence, en un programa de mejoras ambientales y de eficiencia energética que, entre otras cuestiones, ya ha permitido que se hayan reducido "radicalmente" la emisión de olores de la fábrica, alcanzar una calidad "óptima" en su efluente y en sus emisiones o que disminuirá "drásticamente" su consumo de agua.
Ence reitera que son las aguas fecales de Pontevedra y su comarca "lo que contamina la Ría" y sobre esta cuestión denuncian que el Concello de Pontevedra "no hizo nada para cambiar esa situación". Frente a esto, destacan los 15 millones de euros que destinarán para la ampliación de la depuradora de Praceres "a pesar de no ser en absoluto causante del mismo".
Por último, Ence recuerda que, como cualquier otra instalación industrial, está sometida a una autorización ambiental integrada que emana de la Unión Europea, norma que "respetamos rigurosamente", pero que entienden que "también debe ser respetada" por todos los representantes políticos.