Las comunidades de Montes acusan a la Xunta de querer "robarles" sus terrenos

Pontevedra
21 de febrero 2014

Según denuncia el presidente de la Organización de Montes en Man Común, la administración autonómica están interveniendo en directrices que van en contra de la figura del monte vecinal para favorecer a empresas forestales privadas

Claudio Quintillán y José Alfredo Pereira, representantes de la Comunidad de Montes
Claudio Quintillán y José Alfredo Pereira, representantes de la Comunidad de Montes / Diego Torrado

Representantes de la Organización galega de Comunidade de Montes denuncian que la Xunta de Galicia está adoptando directrices que van en contra de la figura del monte vecinal con la intención de beneficiar a las empresas forestales privadas.

El 9 de febrero se celebró una asamblea en Lugo de representantes de las Comunidades de Montes en la que decidieron instar a los grupos políticos gallegos que trasladen a los foros de la Unión Europea el reconocimiento a la propiedad vecinal de los montes gallegos ante el temor de que desde la administración autonómica se pueda terminar por trasladar 250.000 hectáreas de terrenos a la gestión privada.

Y es que, según denunció el presidente de la Organización galega de Comunidade de Montes, José Alfredo Pereira, se están desarrollando situaciones tan insólitas como que el Jurado provincial de Montes de Pontevedra ha vuelto a iniciar el expediente relacionado con la Comunidade de Montes de Noalla a petición del Concello do Grove después de que hace diez años una sentencia hubiera declarado esos terrenos como propiedad de los vecinos de la parroquia de Sanxenxo.

Pereira no entiende esta decisión porque "sempre dixeron que era unha sentenza que só podía botar abaixo outra sentenza civil" y añadió que "o Xurado provincial non actúa porque si, pero depende da Consellería". Desde las Comunidades de Montes consideran que esta decisión sienta un precedente muy peligroso y, según José Alfredo Pereira, pude suponer el "roubo do monte veciñal" y señaló que así se busca favorecer determinadas actividades especulativas relacionadas con biomasa o plantación de determinadas especies arbóreas.

Pereira y Claudio Quintillán concluyeron apuntando que "esta Xunta ten como obxectivo rematar con este tipo de propiedade".