La nueva Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía ha iniciado su actividad sin poder desprenderse del pasado y la actualidad judicial de la extinta cámara pontevedresa. Este miércoles ha celebrado un nuevo Pleno en su sede viguesa y cuatro de los nueve puntos del orden del día tenia vínculos directos con las denuncias y procesos judiciales de la herencia de la ciudad del Lérez.
El presidente de la entidad, José García Costas, dio cuenta a los integrantes del Pleno de la Cámara de una petición de documentación que les ha llegado procedente del Juzgado de Instrucción número 1 de Pontevedra, que investiga a la extinta Cámara de Pontevedra y a sus antiguos responsables por los supuestos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación, falsedad o fraude por las irregularidades detectadas en su gestión durante años, en concreto, centrándose en la organización de eventos.
Según ha podido saber este periódico, en los últimos meses ya llegaron varias peticiones de documentación a la Cámara desde este mismo juzgado, pero siguen insistiendo porque los datos que le remiten no cubren todas las peticiones judiciales.
Además, entre los asuntos que se abordaron en el Pleno de este miércoles figuran las notificaciones de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas en relación con el informe de fiscalización elaborado por el Consejo de Cuentas de Galicia sobre la actividad de la Cámara de Comercio de Pontevedra durante los años 2010-2011, que cuestiona la gestión, ha sido derivado también al ámbito judicial y se está investigando.
El orden del día incluyó dar cuenta del recurso contencioso-administrativo presentado por un empresario pontevedrés que formaba parte del Pleno de la Cámara de Pontevedra contra el decreto de la Xunta de Galicia por el que creaba la nueva Cámara con la fusión de Vigo y Vilagarcía y la integración de Pontevedra.
El recurso de este directivo de la extinta entidad pontevedresa ha llegado a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que deberá revisar todo el proceso de creación de la nueva entidad y comprobar si, como cuestiona el recurso, en Pontevedra no se cumplían las condiciones para la integración, tanto porque no contó con la aprobación de los miembros necesarios del Pleno -no hubo quórum en la reunión- como por las condiciones económicas.
Los frentes judiciales que llegaron al Pleno se completan con uno protagonizado por la ex secretaria general de la Cámara de Pontevedra, Charo Lorenzo. Tal y como adelantó PontevedraViva en agosto, fue despedida al entenderse que se ha producido una "quiebra de la confianza" después de que fuese condenada con su conformidad por el Juzgado de lo Penal número 3 de la capital por los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y cohecho.