Marín prepara la contratación de los próximos años del servicio de ayuda a domicilio por casi 7 millones de euros

Marín
10 de abril 2024
Actualizada: 30 de septiembre

La licitación, una de las más elevadas a nivel social, beneficiará a cerca de 100 personas que usan este servicio. El Concello asume un 30% aproximadamente de la inversión y sacará el contrato por dos años, con dos prórrogas

La concejala de Bienestar Social del Concello de Marín, Marián Sanmartín
La concejala de Bienestar Social del Concello de Marín, Marián Sanmartín / Concello de Marín

La concejala de Bienestar Social, Marián Sanmartín, anunció que el Pleno de la Corporación de este jueves abordará el inicio del expediente para la licitación del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) durante los próximos dos años, con posibilidad de prórroga por otros dos ejercicios más.

El SAF es una prestación básica que gestiona el departamento de Servicios Sociales del Concello de Marín, que da atención a las familias con personas dependientes a su cargo con la finalidad de ayudarlas y de que tengan posibilidad de vivir en su domicilio mientras sea posible.

Tal y como indicó la edil, "a contratación farase cunha previsión anual de 70.500 horas ao ano", de las cuales la gran mayoría se destinarán a las personas con un grado de dependencia ya reconocido y una pequeña parte a lo que se conoce como el SAF Básico, que se aplica en casos de urgencia en los que la dependencia aún está sin reconocer pero es imprescindible contar con el recurso.

En la actualidad, Marín cuenta con 91 personas usuarias en dependencia (3 con grado 3, 31 con grado 2 y 1 con grado 1) y 5 en el SAF básico. El servicio se hace por parte de personal cualificado y se prestan cuidados de carácter personal, psicosocial, educativo, preventivo y doméstico, incluso burocrático y técnico. 

Sanmartín expuso que el importe anual del servicio saldrá la licitación por 1.648.995 euros, lo que supone casi 7 millones de cuantía total de la contratación. De esta cantidad, el Ayuntamiento asume cerca del 30%, la Xunta casi un 50% y el resto cúbrese con el pago de las personas usuarias, de las que muchas cuentan con exenciones por nivel de renta o situación de exclusión social.