Alrededor de sesenta representantes sindicales de la CIG se concentraron al mediodía de este miércoles 1 de julio ante la Subdelegación del Gobierno como protesta ante la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como la Ley Mordaza, además de la reforma del Código Penal.
Según señaló el secretario de organización de la central nacionalista en Pontevedra, Rafael Iglesias, estas nuevas normativas conllevan una represión en relación con los derechos de huelga, reunión y manifestación. Indicó que es una exageración tener que pagar multas por faltas leves que ascienden a 600 euros hasta las muy graves de 600.000 euros. Y lamenta que ahora la policía tenga presunción de autoridad indiscutible de manera que sus informes "van a misa" y para recurrir antes hay que abonar las multas.
Según Rafael Iglesias con estas normativas se pretende que todas las protestas relacionadas con ERES, recortes, concursos y despidos no se puedan llevar a cabo a través del miedo y de la represión.
En este sentido, el sindicalista apuntó que aunque en el caso de Ana y Tamara, las dos trabajadoras condenadas a prisión por arrojar pintura a una piscina durante una huelga, con esta reforma del Código Penal la sanción sería únicamente económica, "non queremos nin multa nin pena de prisión". Rafael Iglesias señala que esta medida supone "dulcificar pero é represión igual. Non queremos multa nin tres anos de cárcere. Queremos indulto para todos os compañeiros" en referencia tanto a las dos trabajadoras de Pontevedra de las piscinas de Campolongo como a todos los afectados por el Código Penal en Galicia y en todo el Estado.
Desde la CIG esperan que se constituyan plataformas a través de la Alianza Social Galega para continuar con un calendario de movilizaciones.