El personal del servicio de limpieza del Edificio Administrativo de la Xunta de Galicia en Pontevedra denuncia públicamente una diferencia salarial que califica de "injusta, ilegal e insostenible" con respecto a las personas empleadas para la limpieza de otras sedes públicas por la misma empresa adjudicataria.
Las afectadas (el servicio está cubierto por una mayoría de mujeres, con solo tres hombres en la plantilla) aseguran que, pese a realizar "exactamente el mismo trabajo, con el mismo horario y perteneciendo al mismo contrato público", perciben entre 360 y 420 euros menos al mes que sus compañeros de otros centros de la misma licitación, como la limpieza del Edificio Administrativo de San Caetano (Santiago de Compostela), puidendo superar los 600 euros de brecha salarial en los casos de mayor antigüedad.
El colectivo, formado por diecisiete personas empleadas en Pontevedra, decidió hacer público el caso tras meses de reclamaciones sin solución. "Llevamos gastado el poco dinero que nos queda en abogados. Algunas compañeras superan ya los mil euros este año en gastos judiciales. No podemos más", explica Patricia Rey, portavoz de las trabajadoras y limpiadora con veinte años de antigüedad en la administración autonómica.
"Hay compañeras que tienen más antigüedad, desde 1996, 1994 o 1989", aclara. En el Edificio Administrativo de la Xunta en Pontevedra la mayoría está trabajando desde que se inauguró en 2009.
La diferencia retributiva, denuncian, vulnera la legislación en materia de contratos públicos, que obliga a la ejecución homogénea y a la igualdad salarial para el personal incluido en el mismo contrato financiado con fondos públicos. "No somos limpiadoras de segunda. Pertenecemos al mismo Lote 1, hacemos las mismas funciones y debemos cobrar el mismo salario", afirma Rey.
Según relata, mientras en Pontevedra el salario neto ronda los 1.100 euros, "hay nóminas de Santiago que llegan a los 1.500 o 1.600 euros netos".
Continúa explicando que desde la apertura del Edificio Administrativo de la Xunta en Pontevedra, hace dieciséis años, el servicio de limpieza pasó por varias empresas: primero, Grupo Norte, luego Clece —que, según recuerdan las trabajadoras, "fue cuando empezaron los problemas"— y finalmente Samaín Servizos á Comunidade, la actual contrata, que pertenece al mismo grupo empresarial que Clece, indican las mismas fuentes.
Desde entonces, aseguran vivir una pérdida progresiva de derechos y una negativa sistemática de la contrata a aplicar mejoras pactadas en otros centros. "Cuando en Santiago se consiguió la equiparación salarial a principios de año, pensamos que sería cuestión de tiempo que se aplicara en el resto de las provincias. Pero encontramos un 'no' rotundo", lamenta la portavoz.
La vía sindical tampoco les ofreció una solución clara. "El tema está muy dividido. En Santiago supieron resolverlo, pero aquí nos obligan a demandas individuales", explica Rey, que apunta que cada procedimiento puede costarles "unos 500 euros".
Las reclamaciones que están presentando tienen que ver, en gran medida, con cuestiones de conciliación y otras condiciones adicionales que la propia empresa había ofrecido como mejoras para ganar el contrato público, pero que, según denuncia el personal, "en la realidad la empresa no las aplica y las tenemos que reclamar siempre vía judicial".
La empresa adjudicataria del servicio de limpieza, añaden, cuenta "con un equipo jurídico muy potente" que está provocando una mayor presión a las limpiadoras que denuncian. Ponen el ejemplo de la reclamación de dos jornadas de vacaciones, en que la contrata recurrió el caso al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y posteriormente al Tribunal Supremo.
Las trabajadoras aseguran que la contrata incumple compromisos incluidos en la oferta presentada al concurso, por lo que piden la intervención de la Xunta como entidad contratante. Insisten en que esta situación es insostenible para "unas simples trabajadoras de la limpieza" y que evidencia la necesidad de que la administración autonómica garantice que los mejoras prometidas y pagadas con fondos públicos se cumplan realmente.
"La Xunta tiene que velar porque su dinero se repartan de una forma homogénea. Es lo que dice el contrato, y es su responsabilidad garantizar que se cumpla", insisten.
Con el objetivo de visibilizar su situación, el grupo de limpiadoras abrió una petición ciudadana de apoyo en change.org bajo el título Equiparar salarios de las trabajadoras de limpieza en Pontevedra. La campaña solicita a la Xunta la revisión inmediata de los pliegos y del reparto económico del contrato que, según subrayan, no establece cuantías distintas por ciudad, sino un lote único que debe aplicarse de forma equitativa.
Las afectadas aseguran que disponen de documentación, nóminas comparativas y sentencias que acreditan su denuncia, y ofrecen a la administración autonómica colaboración total para esclarecer el caso. "Sabemos que levantar la voz puede traer represalias, pero nuestra dignidad es más fuerte que el miedo", concluye Rey.