Coincidiendo con una jornada sin actividad para el transporte ferroviario entre Santiago y Vigo, el Partido Popular ha alzado la voz para denunciar lo que consideran una situación de "caos absoluto" y un abandono sistemático de las infraestructuras de la provincia.
El diputado nacional Pedro Puy inició su comparecencia ante los medios con un mensaje de solidaridad hacia las víctimas de los recientes accidentes ferroviarios en España y hacia los trabajadores de Renfe y Adif, que sufren, según manifestó, las consecuencias de una gestión deficiente.
Puy fue contundente al señalar que la parálisis vivida hoy en las vías gallegas es la prueba irrefutable de que el discurso oficial del Gobierno sobre el "mejor momento" de la alta velocidad es una ficción que choca frontalmente con la realidad de los usuarios.
Según explicó el diputado, el problema no es económico, sino de una preocupante incapacidad administrativa.
Puy subrayó que la recaudación estatal ha experimentado un crecimiento del 85%, alcanzando previsiones de 352.000 millones de euros, una cifra que, a su juicio, no se traduce en el mantenimiento necesario de las vías ni en la calidad del servicio.
"Es un problema de gestión pura y dura", afirmó Puy, recordando que Adif y Renfe han visto pasar a siete presidentes en apenas ocho años, una inestabilidad que lastra cualquier planificación a largo plazo.
Además, denunció que el Gobierno ha ignorado el mandato legal de presentar hoy mismo un plan de choque y un protocolo de atención urgente a los pasajeros, una medida que el Grupo Popular había logrado introducir en la ley de movilidad, según manifestó
Por su parte, la senadora Pepa Pardo elevó el tono de la crítica hacia el Ministerio de Transportes, centrando sus ataques en la figura de Óscar Puente.
Tras la reciente reprobación del ministro en el Senado, Pardo exigió su dimisión inmediata, criticando que el responsable del área se comporte más como un "tuitero" que como un gestor volcado en la seguridad de los ciudadanos.
La senadora lamentó que el Ministerio se haya convertido, en sus palabras, en la "zona cero" de polémicas y tramas que nada tienen que ver con el bienestar de los pasajeros.
Pardo anunció la creación de una comisión de investigación en el Senado para auditar el estado real de la seguridad y el mantenimiento de las vías en toda España, con especial atención a incidentes como el descarrilamiento ocurrido en As Neves el pasado noviembre.
Además, los representantes pontevedreses han registrado una batería de preguntas para conocer por qué se suprimió la unidad de emergencias y gestión de crisis y qué está ocurriendo con las limitaciones de velocidad que castigan a la provincia.
En un día de condiciones meteorológicas adversas, miles de gallegos se han visto obligados a recurrir al coche privado "y lanzarse a la carretera en unas condiciones meteorológicas adversas" ante la falta de alternativas por parte de Renfe.
"DESLEIXO" DE RENFE
El Bloque Nacionalista Galego también denunció públicamente la suspensión "total e indefinida" de todos los servicios con origen o destino en Vigo.
El diputado nacionalista en el Congreso, Néstor Rego, calificó la situación de inaceptable, señalando especialmente la falta de alternativas por carretera para los usuarios afectados.
La cancelación, que afecta tanto a la Alta Velocidad como a la Media y Larga Distancia, se comunicó a través de las redes sociales a las 6:42 horas de la mañana, cuando muchos viajeros ya se preparaban para sus trayectos.
Según el BNG, esta improvisación resulta incomprensible dado que la alerta amarilla decretada en Pontevedra por la AEMET era conocida desde hacía días.
"A prudencia é necesaria, mais o que non se pode admitir é unha falta de previsión absoluta que deixa tiradas a miles de persoas sen solucións para chegar ao seu destino", criticó Rego.
El corte del servicio no solo afecta a las conexiones internas con Santiago, Ourense o Tui, sino también a los enlaces con la meseta y al trayecto Vigo-Barcelona, que tuvo que iniciarse desde Ourense.
Néstor Rego exigió al Gobierno central que reconozca que la información facilitada fue "tardía e insuficiente". Para la formación nacionalista, la gestión de este episodio evidencia una carencia de compromiso público.
Para el diputado, lo sucedido este jueves en Vigo no es un hecho aislado, sino que representa "unha mostra máis do desleixo e do trato discriminatorio" que sufre Galicia en materia de infraestructuras.