El Partido Popular vuelve a reclamar al Gobierno central a elaboración del estudio sobre el coste económico que supondrían el rescate y la gratuidad de la autopista AP-9 en cumplimiento del mandato trasladado tanto por el Parlamento gallego como por el Congreso de los Diputados.
Lo hace a través de una pregunta que acaban de registrar los diputados gallegos Celso Delgado, Tristana Moraleja y Pedro Puy; representantes del grupo popular en la ponencia encargada de debatir la Proposición de Ley Orgánica de transferencia de la titularidad y competencias de la autopista del Atlántico a Galicia en la Cámara Baja.
En su escrito demandan saber si el Ministerio de Transportes elaboró ya dicho estudio al igual que lo ha hecho el gobierno gallego, el cual en junio de 2024 encargó a una empresa experta e independiente un estudio pormenorizado del coste económico de los diferentes escenarios en torno al futuro de la autopista.
Los populares gallegos recuerdan que el 25 de septiembre de 2024 el Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad una Proposición no de ley en la que se solicitaba al Gobierno de España la elaboración de un estudio serio y minucioso sobre el coste que supondría el rescate y la gratuidad de la AP-9.
Anteriormente, en el Pleno del Congreso celebrado el 13 de junio de 2024 y con ocasión del debate de una moción sobre a autopista del Atlántico, aprobó un texto en el que, en la misma línea, instaba también al Gobierno a encargar un estudio en el que se exploraran las vías jurídicas para la anulación de la prórroga y la evaluación de los costes económicos que tendría para el Estado a asunción de la gestión directa de la AP-9.
Hace falta recordar que las bonificaciones aprobadas por el Gobierno central para los usuarios de esta autopista implican un cambio sustancial en el escenario en el que se enmarcaba el debate sobre los costes de su transferencia y recate, que conllevaría también la gratuidad de esta vía de comunicación.
Con las nuevas cifras, el coste de la indemnización por rescate aplicando una tasa de descuento (2.331 millones de euros) y el coste de las bonificaciones hasta final de concesión, se asemejan de manera considerable. De ahí que desde el PPdeG inviten al ministro Oscar Puente a "reflexionar" acerca de la oportunidad de llevar a cabo el rescate de la concesión.