Un decreto publicado en Boletín Oficial del Estado el pasado viernes 1 de agosto trae de cabeza a los responsables de las bibliotecas pontevedresas. Con él, el Gobierno busca regular el préstamo de obras protegidas por derechos de autor por parte de estas entidades. Traducido a la práctica, todas aquellas instituciones y organismos culturales que permitan a sus usuarios llevarse libros para leer en casa tendrán que pagar un canon.
En líneas generales, la obligación de pago se aplica a museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas de titularidad pública o que pertenezcan a entidades de interés general. Se da así cumplimiento a una normativa de la Unión Europea.
Quedan exentas de este pago las bibliotecas o establecimientos públicos que presten servicio en municipios de menos de 5.000 habitantes; y las bibliotecas de las instituciones docentes integradas en el sistema educativo español. No generarán coste la consulta ⿿in situ⿿ de estas obras protegidas por los derechos de autor, los que se realicen entre instituciones o los préstamos en beneficio de personas con discapacidad.
Los titulares de todos estos organismos deberán compensar a los autores por los préstamos de sus obras. Este canon se cobrará a través de las entidades de gestión de los derechos de autor. Pagarán anualmente en función del número de obras prestadas y del número de usuarios que soliciten dichos préstamos. Tendrán que abonar 0,004 euros por cada préstamo y 0,05 euros por cada usuario que haya hecho uso efectivo de este servicio.
Este canon se aplicará a partir del 1 de enero de 2016. Hasta entonces, las bibliotecas deberán pagar 0,16 euros por cada obra adquirida (canon algo más bajo que lo que se pagaba actualmente) y los 0,05 euros por cada usuario que se haya llevado una de estas obras a sus respectivas casas.
La cuantía a desembolsar correrá a cargo de los presupuestos de la biblioteca. El Ministerio de Educación asegura que este canon no tiene coste alguno para los usuarios. Pero en el sector no opinan lo mismo. La Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas está radicalmente en contra de esta medida y desde la web http://noalprestamodepago.org/ han iniciado una campaña de oposición.
También en Pontevedra hay cierta preocupación. Trabajadores de la Biblioteca Pública aseguran que hacer frente a este canon, sumado al continuo recorte en sus presupuestos, "nos va a dejar sin apenas dinero para la compra de fondos". Sin perjuicio, advierten, de que provoque la reducción de partidas destinadas a personal, inversiones, gasto corriente o actividades complementarias.
Lamentan que su sector vaya a ser penalizado "por el mero hecho de cumplir con lo que es una de sus labores esenciales" y creen que este canon no hará más que limitar el acceso a la lectura de gran parte de población. Afirman que el derecho a la propiedad intelectual debe ser respetado "pero no a costa del ya deteriorado sistema bibliotecario español" y advierten que esta medida puede suponer un primer paso para su privatización.
XUNTA Y CONCELLO DAN SU VALORACION
Desde la Consellería de Educación y Cultura aseguran que este canon apenas afectará a las bibliotecas y entidades culturales que gestiona el gobierno autonómico, ya que en su mayor parte son centros de consulta en las propias salas y no de préstamos de obras a domicilio. Las bibliotecas afectadas, como la pública de Pontevedra, son de titularidad estatal por lo que será el Gobierno quien asuma el gasto, bien vía Ministerio o vía presupuestos de cada centro.
En todo caso, destacan que serán cantidades "mínimas", ya que calculan que, como media, una biblioteca gallega puede llegar a abonar unos 200 euros al año por este canon.
Por su parte, desde el Concello de Pontevedra se suman a la inquietud del sector. La concejala de Cultura, Anxos Riveiro, señala que este nuevo canon es una "mala noticia", que afectará a los servicios que prestan estos centros. Tras destacar la gran labor cultural y educativa de la biblioteca pontevedresa, la edil nacionalista denunció los continuos recortes que, en el ámbito de la cultura, se están sucediendo de forma "preocupante".