Preocupación en Marcón por el retraso en la ejecución de la sentencia que obliga a cerrar Desguaces Outón

Pontevedra
28 de marzo 2022

La Asociación de Nais e Pais del Centro Infantil e de Primaria de Marcón elaboró un escrito dirigido a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) y a la delegación de la Xunta demandando que se ejecute la sentencia que obliga a demoler esta instalación. Alertan de peligros para las personas que circulan por esa zona en dirección al centro escolar, de vertidos y visitas policiales debido a tráfico de drogas en el entorno

Instalaciones de Desguaces Outón en Marcón
Instalaciones de Desguaces Outón en Marcón / Google

La Asociación de Nais e Pais del Centro Infantil e de Primaria de Marcón elaboró un escrito dirigido a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) y a la delegación de la Xunta demandando a la administración autonómica que ejecute la sentencia que obliga a desmontar Desguaces Outón, una instalación declarada ilegal. La APLU estableció medidas cautelares pero el vecindario reclama una solución definitiva.

Anabel Gulías, portavoz del gobierno local de Pontevedra, indicaba este lunes que la asociación trasladó el escrito al Concello, que será presentado esta semana ante los organismos de la Xunta de Galicia. Alertan de su preocupación desde los dos últimos años por la lentitud en el procedimiento.

Desguaces Outón se encuentra en las proximidades al centro escolar y la comunidad alerta de peligros reales para la circulación de personas y vehículos por la vía que pasa delante de las instalaciones, por la presencia de camiones y carga de chatarra en la vía pública que se realiza, además de la presencia de restos de vehículos en la calzada que han causado pinchazos en otros turismos.

En el escrito señalan también que los vehículos se encuentran acumulados superando los cinco metros de altura con el peligro de caída y además denuncian contaminación por vertidos en la zona. A todas estas quejas se suma la presencia en varias ocasiones de policía debido a las sospechas de tráfico de drogas en el entorno.

Desde el gobierno local reclaman a la Xunta de Galicia que acelere el proceso y muestran solidaridad con las personas afectadas. Gulías anunció que seguirán manteniendo reuniones periódicas con este colectivo y que llevarán este tema "as veces que sexa necesario" a la Xunta de Goberno local para presionar a que se ejecute la sentencia.