Las once viviendas unifamiliares adosadas de protección autonómica que en su día promovió Gescomar en el barrio de Valdecorvos afrontan su fase final después de años marcados por retrasos, incertidumbre y cambios en la titularidad del proyecto.
Una nueva promotora se ha hecho cargo de las obras, que se reanudaron el pasado mes de febrero, con la previsión de que puedan concluir durante este año.
La iniciativa se remonta a 2018, cuando los primeros compradores firmaron sus contratos dentro de una cooperativa impulsada por la empresa Gescomar. El proyecto se desarrollaba sobre suelo adquirido previamente a la sociedad pública Xestur, en una zona que entonces comenzaba a configurarse como área residencial. Las obras arrancaron en 2020, en plena pandemia, con la previsión de que las viviendas estuviesen listas en el verano de 2022.
Sin embargo, el calendario no se cumplió. A las dificultades derivadas del contexto sanitario se sumaron problemas económicos y el encarecimiento de los materiales de construcción, agravado por la guerra en Ucrania. Esta situación elevó el coste estimado de cada vivienda desde los 188.000 euros iniciales hasta cerca de los 200.000, sin que ello se tradujese en avances significativos en la ejecución.
El suelo fue urbanizado por Xestur dentro del desarrollo global de Valdecorvos y vendido posteriormente para vivienda protegida de promoción privada. El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) trató de mediar cuando surgieron las primeras dificultades, aunque sin intervención directa en la gestión de la promotora ni en la financiación, que correspondía a una entidad bancaria.
El proyecto quedó finalmente paralizado en 2023. Un año después, en 2024, el fallecimiento repentino del gerente de Gescomar, Pablo Díaz, supuso un punto de inflexión definitivo para una promoción que ya acumulaba importantes retrasos. Ante este escenario, la entidad financiera que había respaldado la operación impulsó una subasta notarial de los inmuebles, celebrada el pasado mes de enero.
El proceso de pujas partió de cifras en torno a los 45.000 euros y concluyó con la adjudicación por un valor muy por debajo de las estimaciones iniciales. Posteriormente, una constructora con sede en Santiago asumió la promoción y, tras evaluar el estado de las edificaciones, decidió reactivar los trabajos.
La incertidumbre y los retrasos llevaron a la mayoría de los cooperativistas a abandonar el proyecto. De los once compradores iniciales, únicamente tres continúan vinculados a la promoción.
Ahora los trabajos han vuelto a activarse y los tres propietarios que permanecen en el proyecto confían en que, esta vez sí, las viviendas puedan entregarse en los próximos meses, poniendo fin a una larga etapa de espera iniciada hace ya casi ocho años.