A pesar de que los cálculos iniciales hacían pensar que unas 75 personas podrían ser beneficiarias de la renta social municipal, tan solo cinco pontevedreses han solicitado cobrar esta ayuda dirigida a personas en riesgo de exclusión social.
La portavoz del gobierno municipal, Anabel Gulías, ha explicado que la Xunta de Goberno ha aprobado este lunes la convocatoria de estas ayudas que, para 2019, cuentan con una partida de 425.000 euros.
La ayuda se calcula en función de los ingresos de cada domicilio. La normativa establece que los beneficiarios cobran un mínimo de 403,38 euros, una cantidad que en función de una serie de requisitos, entre ellos si tienen menores o dependientes a su cargo, irá en aumento hasta un tope de 537,84 euros al mes.
Los beneficiarios son personas cuyos recursos económicos resulten insuficientes para hacer frente a gastos específicos de carácter ordinario, con el fin de prevenir, evitar o paliar situaciones de marginación social. Esta ayuda se podrá cobrar durante seis meses, prorrogables a un máximo de un año.
La renta social municipal es además incompatible con otras ayudas sociales como la Renda de Integración Social de Galicia (Risga) que gestiona el gobierno autonómico o con pensiones no contributivas y prestaciones similares.
El escaso número de solicitudes recibidas hará que el Concello, según ha avanzado Anabel Gulías, valore si esta medida debe continuar en próximos ejercicios.
"Fixemos unha ordenanza para seguir con ela, pero veremos o que pasa este ano. Non hai un número crítico que nos faga pensar en ampliar o orzamento do ano que vén", ha asegurado la portavoz municipal.
SUMINISTRO ELÉCTRICO
Además, la Xunta de Goberno ha adjudicado a la empresa Iberdrola Clientes el contrato para el suministro eléctrico en todas las dependencias municipales, incluido el Pazo da Cultura. La compañía recibirá 1.544.126,50 euros anuales y se compromete a que el 100% de esta electricidad será generada por energías renovables.