El director de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), Jacobo Hortas, acaba de remitir una carta a la Asociación de Madres y Padres del Alumnado (ANPA) del Colegio de Marcón respecto al desgüace ilegal ubicado en Vilafranca, en la que explica que los propietarios interpusieron un recurso contencioso-administrativo que supone nuevas dilaciones en el procedimiento de ejecución forzosa de la orden de demolición.
Jacobo Hortas asegura que es "consciente de la preocupación generada" en la comunidad educativa de Marcón por estas instalaciones y les traslada que la APLU, dependiente de la Xunta de Galicia, "está procediendo al cumplimiento de una orden de demolición de nave industrial y obras auxiliares dictada ya en el año 2006 y que tuvo, y sigue teniendo, un largo recorrido judicial".
El director de la APLU explica que la orden de demolición se dirigió frente a la persona jurídica que consta como propietaria y promotora de las obras, que es la obligada a la reposición de la legalidad urbanística infringida. "Es decir, no es la Administración, en este caso la APLU, quien tiene en primer término la obligación de proceder la reposición de la legalidad, sino el promotor y titular de los terrenos", incide Hortas.
La mencionada resolución de 2006 fue declarada firme en vía administrativa por la Xunta de Galicia en 2008, y posteriormente fue recurrida tanto en el Juzgado del Contencioso-Administrativo, en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y también en el Tribunal Supremo, alcanzando plena firmeza en 2013.
La APLU trató desde entonces en "doblegar la voluntad de la propiedad" en el incumplimiento de la orden de demolición, imponiéndole diversas multas coercitivas, "que no alcanzaron el efecto esperado", admite Jacobo Hortas.
Por este motivo, en diciembre de 2020 la APLU pudo iniciar un procedimiento de ejecución forzosa subsidiaria de la orden de demolición incumplida, que le permite ejecutar de forma directa la resolución de reposición de la legalidad urbanística, anticipando medios y recursos económicos propios, para luego girarlos a la propiedad.
En este sentido, en los años 2021 y 2022 la APLU está elaborando un proyecto de demolición y quiere proceder, a la mayor brevedad, a la contratación pública y licitación de las obras para reponer la legalidad urbanística infringida, al amparo de la legislación sobre contratación del Sector Público.
"Sin embargo, la propiedad interpuso un nuevo recurso contencioso-administrativo frente a estas últimas actuaciones", indica el director de la Agencia. "Estas garantías de defensa de la propiedad implican necesariamente dilaciones en el procedimiento de ejecución forzosa de la orden de demolición y reposición de los terrenos", concluye.