La política está presente en nuestro día a día, en la Educación, la Economía, la Sanidad. En todo lo importante decidimos con nuestro voto a quienes vamos a encomendar la tarea de velar por nuestros intereses y los de aquellos a quienes queremos. O así debería ser.
Todo por lo que peleamos acaba decidiéndose en la mesa de un despacho, nos guste o no.
Los votos se desvían en los pactos entre partidos, las promesas electorales, muchas veces, se olvidan cuando ya se ha conseguido el objetivo de gobernar.
Sin embargo, seguimos teniendo una herramienta poderosa para recordar su obligación a aquellos servidores públicos que las olvidan: la presión popular. No podemos cruzarnos de brazos pensando que, al fin y al cabo, da igual lo que hagamos porque siempre es el político el que tiene la sartén por el mango. Nunca la tiene en un sistema democrático que verdaderamente funcione como tal. La sartén puede quemarle si decide contra la voluntad popular. Y puede ser juzgado también si incumple una obligación contraída legalmente.
En una semana, en el pleno del ayuntamiento de Poio se decide si se sigue o no financiando la perrera municipal. Siete días en los que existe la posibilidad de dejar sin financiación un Servicio Público porque eso es, ni más ni menos, una perrera.
El artículo 22 de la nueva legislación establece: «Los ayuntamientos recogerán los animales domésticos vagabundos y extraviados que deambulen por su término municipal y los albergarán en centros de recogida de animales abandonados inscritos en el Registro Gallego de Núcleos Zoológicos». Además, señala que los concellos «podrán prestar el servicio de recogida y acogida por sí mismos o asociados, en régimen de gestión directa o indirecta. Asimismo, podrán suscribir convenios de colaboración en esta materia con otras administraciones públicas y entidades, como las asociaciones de protección y defensa de los animales».
Añade que solo excepcionalmente, «en situaciones de emergencia que pudieran comprometer el bienestar de los animales, los ciudadanos podrán realizar la recogida de modo puntual».
La idea de que tener una perrera en un pueblo solo beneficia a los perros es obviar todos lo que implica su existencia incluso para aquellos a los que los animales les importen bien poco: un animal abandonado en la calle, además, de doler en el alma, significa un peligro de accidente si se cruza con un vehículo o de propagación de plagas. Quien piense que una perrera es algo prescindible y meramente sentimental hacia los canes sin dueño está siendo además de ignorante, poco práctico.
El equipo humano de A Canceira de Poio se ha dejado la piel en ella desde su apertura. Horas y horas de trabajo que empezó siendo voluntario en su totalidad y que luego contó con una trabajadora profesional a la que el ayuntamiento pagaba un sueldo por el trabajo realizado que es mucho y muy duro. Pagaba, se entiende, porque la trabajadora ha dejado de cobrar.
Además, el dinero no llega para cubrir las necesidades de los 96 perros recogidos en sus instalaciones además de los que se hallan en casas de acogida. Comida, mantas, veterinario, mantenimiento.
Que se considere siquiera dejar de pagar lo que se adeuda y no destinar parte del presupuesto público a la perrera es además de una falta de respeto a todas las personas que día a día trabajan para que salga adelante, una omisión de la obligación que el ayuntamiento tiene contraída.
Quienes gestionan A Canceira han hecho un llamamiento para que todo el que lo desee acuda al ayuntamiento el día 26 de noviembre, Martes a las siete y media de la tarde cuando tendrá lugar el Pleno en el que los responsables financieros de la institución decidirán el futuro de los perros y, junto con el de ellos, el de la única trabajadora asalariada y de todos los trabajadores voluntarios que, dedicando su tiempo libre, jugándose la salud en unas instalaciones precarias han peleado para que un servicio tan necesario, considerado injustamente de segunda, salga adelante.
Ayer hablé con una de las trabajadoras que desde el año 2011, trabaja de manera desinteresada por el bienestar de los animales. Les dedica más tiempo que a ella misma. Está desencantada, dolida y agotada, tras tanto tiempo intentado espantar la amenaza de cierre. Teme lo peor porque los trabajadores solo han conseguido el apoyo de uno de los tres partidos que conjuntamente gobiernan el Concello de Poio. Los otros dos prefieren ahorrarse el dinero que necesita la Canceira, unos 5000 euros, y que sea absorbida por CAAN, el refugio situado en Meis cuya titularidad ostenta la Diputación y que se encarga ya de la recogida de perros de varios municipios.
El concello de Poio financia con cantidades hasta seis veces mayores eventos en la temporada de verano que no dejan beneficio teniendo en cuenta el desembolso que suponen para las arcas municipales.
Como apuntaba la trabajadora, si el Concello quiere que A Canceira deje de existir porque considera que no le sale a cuenta, entonces que destine el dinero para campañas antiabandono, para formación al respecto en los colegios, para desparasitación y chipeado; pero que no pase por alto una necesidad socialmente cada vez más demandada: la protección animal.
A Canceira no se ve desde la carretera general PO 308. Es necesario desviarse un buen tramo para verla. Hace falta ser consciente de que no solo lo que está a la vista es importante.
Hace falta una conciencia que ha dejado de ser meramente ecologista para ser vital: nos quedamos sin planeta, nos quedamos sin animales, sin plantas porque las prioridades son otras en las ciudades y también, aunque parezca mentira, en los pueblos.