Paco Valero
Ence, una cuestión de democracia
"Siempre que veas la usurpación, la posesión a gran escala del medio ambiente, verás también la subversión de la democracia. Verás la destrucción del proceso público, en el que la gente pierde su voz, verás cómo se distribuyen las propiedades públicas, verás cómo desaparece la transparencia en el gobierno, verás cómo son capturadas las agencias que supuestamente deben protegernos de la contaminación y verás la corrupción de los oficiales públicos. En otras palabras, la subversión de la democracia siempre va acompañada de una apropiación a gran escala del medio ambiente. El cien por ciento de las veces." Es una frase de Robert Fitzgerald Kennedy Jr. (RFK), hijo de Robert F. Kennedy y sobrino de John F. Kennedy, los que fueran Fiscal General y Presidente de Estados Unidos antes de ser asesinados.
RFK ha seguido otro camino político y hoy es un conocido líder ambiental, autor de ensayos, artículos y documentales que muestran la relación que existe entre la degradación de la democracia y la destrucción del medio ambiente. Es algo de lo que en España sabemos mucho. Los escándalos que afloran desde hace años, los grandes pelotazos y la construcción de infraestructuras sin sentido que nos han llevado a la ruina colectiva, se han podido hacer porque previamente se han prostituido los procedimientos democráticos y se han puesto estos al servicio de intereses espurios. Han sido años de recalificaciones salvajes, de autorizaciones ambientales cocinadas ad hoc, de oídos sordos a las advertencias que llegaban de Bruselas Años en los que se ha puesto a los raposos a cuidar el gallinero: solo hay que mirar quiénes han sido y siguen siendo aún los responsables de las consejerías y ministerios de medio ambiente, de dónde proceden profesionalmente, para darse cuenta. Han contado para ello con un cierto paletismo social que asocia el progreso al asfalto, el cemento y el ladrillo, que desprecia el riesgo asociado a la degradación ambiental y que infravalora el patrimonio natural.
Hay muchos ejemplos, pero aquí en Pontevedra tenemos uno bien cercano: el complejo fabril de Ence. En 2018 acaba la concesión y debería abandonar la Ría. Y aunque no hay ninguna fuerza política representativa que abogue abiertamente por su continuidad ahí, no está claro que acabe marchándose. ¿Cómo es posible? Porque el debate político sobre la permanencia de Ence en la Ría se ha escamoteado con la vieja artimaña de hacer pasar decisiones políticas por decisiones judiciales, siempre sorprendentemente tortuosas. Basta recordar las "razones carentes de consistencia" según las calificó el Tribunal Supremo que utilizó el Tribunal Superior de Justicia de Galicia para ningunear al Concello de Pontevedra y quitarle competencias que eran suyas en la regulación de la actividad de Ence. O el reciente episodio del recurso de la Xunta al fallo judicial que anulaba el plan sectorial que validaba la ampliación y consolidación de Ence y que el gobierno gallego aparentemente acató; un recurso que, para mayor sorpresa, ha demorado cuatro meses en llegar desde el Tribunal Superior de Galicia al Concello de Pontevedra... y del cual no fue avisado el gobierno local cuando pidió la ejecución de la sentencia en febrero, aunque el recurso se presentó en noviembre.
Ciertamente puede ser incompetencia. Pero es una incompetencia que siempre rema en la misma dirección. Sea como fuere, el resultado no cambia: una de las decisiones más importantes sobre el futuro de esta ciudad se está hurtando a la ciudadanía, desde el momento en que la fuerza política que gobierna en la Xunta y en Madrid, el PP, dice una cosa y maniobra haciendo la contraria, poniendo palos en las ruedas, confiado en los largos procedimientos judiciales, los cambios legales y el tiempo, que corre a favor de la continuidad de Ence en la Ría. Es un engaño a la ciudadanía, no solo a los que estamos en contra de su permanencia ahí, porque la consideramos perjudicial para la salud de todos, dañina para el medio ambiente y lesiva para el desarrollo futuro de esta tierra; sino a todos, incluidos los trabajadores de Ence, porque se mantiene en el aire con ambigüedades una decisión que les afecta directamente. Ence, en ese sentido, es un ejemplo más de degradación democrática.
5.03.2013