Antonio Berengua
El fin del absurdo de la crisis de Cataluña
En reciente fecha 24 de Noviembre de 2017 se dictó la resolución que acuerda la competencia del Tribunal Supremo con las excepciones que expresa y que abre la puerta a una oportunidad de aquietamiento constitucional y aunque esto me parezca retórico, sin duda es algo que entraña un significativo avance. Creo que la mencionada resolución va más lejos de lo ordinario, porque analiza los argumentos en discusión como el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales-la doble instancia de los no aforados- así como determinados artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña- de aforados- y las normas de enjuiciamiento criminal-de separación de causas-, pero y esto es lo importante aleja el problema competencial latente del juez o tribunal que debe conocer del asunto, que aunque muy técnico es de indiscutible transcendencia como saben muy bien los abogados del caso pues alguno de ellos desde luego conocedor de la cuestión jurídica, lo apuntó en una entrevista y todos los estudiosos del derecho somos conscientes de lo que significa que un trabajo de mucho esfuerzo y dedicación pueda venirse abajo con una potencial nulidad, de modo que aunque pueda no ser pacífica la opinión sobre la resolución respecto al informe de Fiscalía, es lo cierto que la innegable categoría jurídica del informe hace que no quede a la zaga del auto del juez, por la sencilla razón de que en eso consiste el trabajo de los y las jueces y fiscales.
Si no fuera por la enorme gravedad de los hechos se podía pensar que asistimos a la representación del absurdo por parte de unas personas que fuera de la legalidad constitucional intentan apoderarse de un territorio y por enciman pretenden tener razón e incluso en capítulos posteriores atribuyen al Estado la declaración de independencia protagonizada por ellos, o cualquier cosa que se les ocurra hasta el punto de que ya se cuenta con ello y se esperan novedosas actuaciones que llenan los medios de comunicación, claro que esto puede ser un síntoma de que ya no se les toma en serio. No se alcanza a comprender como personas así piden dialogo imponiendo claramente su hoja de ruta y a sabiendas de que la integridad territorial no se negocia. Es como si alguien da un puñetazo a otro y con el golpe le tira al suelo y por encima trata de convencerle de que se cayó. Esperamos que el 21-D se restablezca la sensatez y finalice este absurdo que no se corresponde con la opinión que tenemos de un pueblo trabajador y responsable, y esto permite sospechar si realmente se busca el bien de la gente o se trata de una intrincada maniobra que encubre otras finalidades.
En medio de este absurdo llama la atención aquellas opiniones que se escuchan en relación con la libertad provisional de los investigados acudiendo al juez del Tribunal Supremo, porque es tanto como desconocer la legalidad que rige en materia de prisión provisional y la abundantísima jurisprudencia que la acompaña, de modo que es cierto que el juez puede tomar la decisión de libertad provisional pero ello, si es que ocurre, va a producirse en el marco de la legalidad imperativa quizás, a la vista del examen de la posible reiteración delictiva, pero sin la más mínima interferencia en la independencia de su función judicial.
Desde luego, creo que una de las grandes dificultades desde el punto de vista legal radica en que las leyes resultan de discutible aplicación al caso pese a su técnica y rigor, como ocurre con las leyes, orgánica 4/1981 de 1 de junio de los estados de alarma, excepción y sitio; orgánica 5/2005 de 17 de Noviembre de la Defensa Nacional y con la 36/2015 de 28 de Septiembre de Seguridad Nacional, pero el artículo 155 de La Constitución ofreció precisamente, para el caso de La Comunidad Autónoma, una vía reparadora y restauradora, y que el presidente Sr.Rajoy aplicó con prudencia y buen cálculo con la rápida convocatoria de elecciones de manera que desde la pura consideración legal es merecedor del reconocimiento como estadista en el momento más difícil de nuestra historia postconstitucional, cuestión aparte son las diversas opiniones políticas que tienen respuesta en las elecciones.