Paco Valero
Baltar y las élites extractivas
El que fuera presidente de la Diputación de Orense, José Luis Baltar, será finalmente procesado por haber contratado a 104 familiares y afines del PP vulnerando la normativa establecida. Es una buena noticia que pase por el juzgado una forma de hacer política que se caracteriza por el populismo, el clientelismo y la desfachatez disfrazada de espontaneidad. Y la noticia puede aún ser mejor si este desenmascaramiento público ayuda a socavar los apoyos sociales y políticos que aún mantiene el (presunto) prevaricador, sus continuadores y lo que él representa. Pero tengo mis dudas de que esto ocurra. Mucha gente, incluso personas críticas y distantes con él, le han reído las gracias y lo han visto como una mera anécdota en la ciénaga de la corrupción. Después de todo, ¿qué tiene de malo contar con 17 o 20 bedeles para custodiar la puerta de un museo al que no va casi nadie? Es trabajo, he oído decir, son salarios en una provincia que no ofrece muchas más posibilidades de contratación. Como si los salarios públicos fueran dádivas; como si el dinero público fuera inagotable y saliera, no de los impuestos que pagamos (casi) todos, sino de los bolsillos de los jerifaltes; como si la mala gestión no tuviera consecuencias, y como si estos contratos no estuvieran ligados a una compra de voluntades, el auténtico fin de esta (presunta) tropelía.
El abogado José María Ruiz Soroa decía en El País que "casi todas las instituciones operan correctamente solo si están un tanto alejadas y resguardadas del juego democrático inmediato", y todas exigen cuidado y respeto, "tanto por parte de los que las ocupan como de la opinión pública". Es evidente que ni una cosa ni la otra se han dado en Ourense. Ni en muchos otros lugares. De hecho, esa "privatización" de las instituciones está en el origen de nuestros grandes males. Los casos Noos, Gürtel, Bárcenas, Pallerols, los ERE de Andalucía y demás son obra de una casta que se sirve a sí misma y se beneficia de la apropiación de las Administraciones y del maridaje de estas con determinados intereses económicos (los más dependientes de la regulación pública: empresas energéticas, promotores inmobiliarios y constructores, empresas de servicios). A esta casta, los economistas Daron Acemoglu y James Robinson la denominan "élite extractiva" en el libro Why nations fail, del que tanto se está hablando en nuestro país porque ese concepto élite extractiva ayuda a entender lo que ha pasado aquí. No ya en los últimos años, sino a lo largo de nuestra historia. Hemos sido incapaces de crear instituciones "inclusivas" (de todos) que incentiven realmente las actividades productivas. Entre nosotros, lo más provechoso ha sido dedicarse, hoy como ayer, a las extracciones de renta de las Administraciones y de los mercados cautivos: se compite para quedarse con un trozo del pastel, no para agrandarlo. Y para eso no hacen falta emprendedores, palabra tan de moda, sino "contactos".
El caso Baltar no es un caso banal. Forma parte de un mosaico más amplio y solo viéndolo así podremos obrar en consecuencia como ciudadanos. La preponderancia de esas élites extractivas se asienta en unos notables locales que garantizan con mañas y artimañas la base electoral suficiente para perpetuarse en el poder, el único requisito democrático por el que se sienten concernidos. Pero la democracia es más. Empezando por unas instituciones fuertes, profesionales y leales a los gestores democráticamente elegidos, desde luego; pero también a los ciudadanos y al servicio público al que se deben. Al quebrarse esto último se facilita la corrupción, de la que tanto nos lamentamos, aunque demasiadas veces no tenemos en cuenta que solo ha podido darse con la quiebra previa de alguna parte del Estado.
15.04.2013