Vicente G. Rivas
Justicia y Política: odiosas comparaciones
A lo largo de los últimos años los medios de comunicación, no todos, se han afanado en demostrar quién, cómo, para qué, por qué y cuándo miembros del Partido Popular se han beneficiado por serlo. Antes ocurrió con el PSOE, con motivo de los casos GAL, fondos reservados y financiación ilegal de la formación dirigida en aquel momento por Felipe González, y de nuevo fueron instancias periodísticas las que permitieron dar a conocer a la opinión pública estos supuestos y, por ende, iniciar las correspondientes pesquisas judiciales.
Entonces, en los últimos coletazos del 'felipismo', las investigaciones de los medios de comunicación (como sucede ahora, no de todos) permitieron desentrañar una trama bastante rudimentaria pero que movió muchos millones de pesetas. Algunos de aquellos representantes públicos acabaron, incluso, entrando en prisión ofreciendo imágenes inimaginables en plena democracia. Sin embargo, aquellos paseos por el patio de la cárcel, ofrecieron una impresión clara de nuestro sistema: nadie, si había cometido un delito, se libraba de la acción de la Justicia.
La principal consecuencia de todos aquellos asuntos de corrupción fueron los años de travesía por el desierto del PSOE y, en especial, el ascenso de quien estos días ha buscado sus titulares a través de su presencia televisiva: José María Aznar.
Al hilo de esto, llama la atención el distinto final que, desde la perspectiva jurídica, suelen tener los asuntos espinosos que afectan a cualquiera de los dos grandes partidos de este país (incluso esto se puede extender a las formaciones nacionalistas, sobre todo conservadoras, que, desde la llegada de la democracia, han tenido una presencia constante en las instituciones de sus comunidades autónomas). Es obvio que todo nos lleva a la consideración que el caso Gürtel o 'los papeles de Bárcenas' están teniendo desde un punto de vista jurídico, fundamentalmente en lo que a las medidas preventivas que los instructores pueden adoptar con respecto a los imputados.
A modo de ejemplo, cuando Baltasar Garzón solo halló obstáculos por parte del ministerio del Interior del Gobierno socialista para investigar y judicializar el caso Fondos Reservados, recibió el respaldo del Consejo General del Poder Judicial para avanzar en las pesquisas y llegar al final que todos conocemos.
En relación con los casos que ahora se investigan ¿actúa el CGPJ de la misma manera? ¿sufren los jueces presiones para quebrantar su voluntad? ¿somos todos iguales ante la ley? Estas preguntas, algunas retóricas, podrían conducir a una última: ¿Es el órgano de gobierno del poder judicial en España independiente o que la mayoría de sus componentes sea del ala conservadora influye para la toma de decisiones?
La comparación entre los casos de los ERE de Andalucía (en el que destaca la labor de la magistrada que lo instruye) y los papeles de Bárcenas, Gürtel o, en un plano más local, los seguidos contra Fabra en Castellón, resulta llamativa. En los que afectan al PP, entre otras cosas, se ha apartado de la carrera judicial al juez Baltasar Garzón (a la espera de la resolución del recurso presentado por este en Estrasburgo), por no mencionar a los jueces que han ido pasando por delante de los papeles del todopoderoso cacique bueno castellonense.
Hay quien dice que la judicatura es el único poder del Estado que no se ha modernizado, adaptado a los tiempos de democracia, y que muchos de sus representantes proceden de épocas pasadas. Supongo que habrá de todo.
Por cierto, no me he olvidado del caso Naseiro en esta rápida enumeración, pero todo el mundo sabe cómo concluyó su paso por los juzgados, curiosamente a raíz de la eliminación de unas escuchas telefónicas por parte del Supremo. Ni tampoco lo ocurrido con FUNDESCAM en Madrid. La prescripción de los delitos, casualidad o no, permitió que todo se quedara en agua de borrajas.
En ocasiones, ya se sabe, las comparaciones son odiosas.
26.05.2013