Evaristo P. Estévez Vila
Por un ERE de decencia en la política
La pandemia propiciada por el denominado COVID-19, y magnificado cual tsunami en España por las circunstancias que se sabrán y que ahora no vienen al caso, consta fundamentalmente de dos olas.
En la primera, la relacionada con la salud, se está llevando por delante a miles de ciudadanos en España y millones en el mundo con una mezcla de dolor e impotencia que es mayor en culturas como la nuestra en la que la muerte, como la vida, es especialmente sentida. En la segunda, relacionada con la economía, se llevará por delante a buena parte de nuestra actividad económica en la forma en la que la entendemos en la actualidad: el turismo, la hostelería, la movilidad, la automoción, sectores claves de nuestra economía se verán en el horizonte de los próximos cinco años reducidos a la mínima expresión.
Asistía ayer a una magnífica conferencia "on line" impartida por el Profesor Roberto Alvarez del Blanco y organizada por el IESIDE que mostraba varios datos entre los que me llamó poderosamente la atención la afirmación de que compañías aéreas como DELTA, American Airlines y Luthansa se encuentran al borde de la quiebra y, por ello, abocadas o a su nacionalización como sectores estratégicos, o a su desaparición para que nos vayamos haciendo una idea.
En nuestra economía más próxima observamos cómo casi 4 millones de personas, sí 4 millones de personas, se han visto afectadas por un Expediente de Regulación de Empleo Temporal bien debido a causa de fuerza mayor por la imposibilidad de sus empresas para seguir desarrollando su actividad, o bien por una reducción sustancial de su carga de trabajo o de sus ingresos.
Muchas de las empresas que han promovido esos ERTE para sus trabajadores se verán obligadas a transformarlos en expedientes de regulación de empleo para extinguir todos o parte de dichos empleos ante la imposibilidad de recuperación de la actividad, y a la solicitud del concurso de acreedores. El retraimiento de nuestra economía en este año 2020 se acercará al 10% y seguirá en shock hasta finales de 2021 y ello si para entonces se cuenta con la vacuna adecuada.
Y en el medio de todo este tsunami cuya última ola engullirá a buena parte de nuestra economía y la arrastrará mar adentro, hay un grupo de personas que viven económicamente al margen de la situación actual y observan desde privilegiadas atalayas el desmoronamiento del sistema económico: los políticos.
Han sobrevivido a la crisis financiera de los años 2008 y siguientes y, si no lo remediamos, sobrevivirán hieráticos, a la pandemia del COVID-19.
La situación se vuelve expresamente especialmente sangrante cuando nos referimos concretamente a España.
En el Concello de Pontevedra, de acuerdo con el Portal de Transparencia y los datos obtenidos del mismo, el Alcalde percibe una retribución bruta anual de 67.744 euros, el primer teniente de Alcalde de 61.275 euros, los Concejales de Gobierno 46.554 euros y aquellos miembros de otros partidos políticos sin funciones de gobierno pero con dedicación exclusiva lo mismo, es decir, 46.554 euros.
De acuerdo con las informaciones aparecidas en la prensa en un pleno denominado "de guante blanco" celebrado el 19 de junio de 2019 se aprobaron los citados sueldos de Alcalde, Teniente de Alcalde, 7 dedicaciones exclusivas completas y 7 dedicaciones parciales, por un total de 617.836 para este ejercicio 2020.
A ello hay que añadir una indemnización para aquellos concejales que no perciban retribución fija de 300 euros por cada asistencia a pleno, 140 euros a junta de gobierno local y otros 140 por asistencia a comisiones informativas. Al margen de ello se concede una dotación económica mensual a cada grupo municipal de 2.700.- euros fija y de 300 euros adicionales por cada Concejal, esto al margen de otras remuneraciones por asistencias a reuniones de otros organismos autónomos dependientes del Concello. A lo anterior debemos sumar una persona por grupo político a sueldo del Concello como personal de libre designación, responsables de comunicación, etc…
Si subimos un peldaño y nos adentramos en la Diputación Provincial la situación es parecida a la anterior, ascendiendo las retribuciones por todos los conceptos a la denominemos estructura política del ente provincial por encima del 1.400.000 euros anuales.
Si ascendemos otro peldaño, el Parlamento de Galicia el coste total de personal/año asciende a una cantidad cercana a los 8.300.000 euros si bien hay que aclarar que comprende a la totalidad del personal del ente no solamente el político, pero hay que añadir una cantidad cercana a los 2.500.000 euros en concepto de subvenciones a los grupos políticos con presencia parlamentaria. A esto podríamos añadir los cargos públicos, asesores y estructuras políticas de la Xunta de Galicia y finalmente del Congreso de los Diputados y del Senado, y a ello añadir Mancomunidades, Empresa y entes públicos, etc…
Ciertamente cuando en la situación reflejada inicialmente el Gobierno de España acude a Bruselas a demandar ayudas económicas para nuestro tejido empresarial se encuentran con la misma respuesta, reduce tu déficit público, no que nos guste más o menos andar de fiesta, sino que ninguno de los países del norte está por la labor de pagar esta y otras fiestas, que antes les he descrito.
Con el pretexto de una mayor objetividad y evitar los conflictos de intereses, nos vendieron hace años la conveniencia de que la política se convirtiera en una actividad remunerada con el fin de evitar las malas tentaciones, sin éxito por lo que se ha visto y oído en los últimos años, y aquí se ha instalado una nueva clase social formada por alrededor de 400.000 ciudadanos que con la única oposición que proveen unas urnas, sin seguir el principio de igualdad, mérito y capacidad, sin necesidad de previa demostración de su capacidad personal más allá de caerle bien al que hace la lista de turno, te conviertes a uno de los ciudadanos vacunado de coronavirus y a salvo de tsunamis.
Incluso hemos pasado en los últimos años por ver cómo aquellos que se instalaban con tiendas de campaña en la Puerta del Sol, han pasado rápidamente a ocupar solares vacíos en las mejores zonas residenciales del entorno de Madrid.
PSA CITROEN y todas las empresas del sector del automóvil, BURGUER KING y todas las empresas del sector de la comida rápida, IBERIA y todas las demás empresas del sector de la aviación, IBEROSTAR y todas las demás empresas del sector hotelero, todas nuestras tiendas y pequeños comercios se han visto obligados a presentar ERTES y ERES para intentar remontar la ola, ¿hasta cuándo vamos a seguir soportando los ciudadanos la pervivencia de la clase política en las mismas condiciones actuales y futuras?.
Que nadie malinterprete en ese lenguaje político del "todo vale" mensaje alguno contrario a la existencia de la política, del derecho de los ciudadanos a ser representados en los órganos de decisión por las personas que libremente designen ni como forma de orientar las tendencias hacia otros regímenes políticos en los que la libertad de expresión y el derecho a la participación en los asuntos públicos sea patrimonio de unos pocos. Nada más lejos de mi intención. Se trata, tan solo, de hacer ver la conveniencia de dotar de decencia una situación que en el entorno económico actual y próximo futuro parece indecente.
Evaristo P. Estévez Vila.