Esta semana un ciudadano en Málaga fue grabado en un video realizando disparos contra fotografías con las caras de diversos miembros del gobierno: el Presidente, Vicepresidente, Ministro del Interior. A la señal de "sentencia" dada por otro de los personajes intervinientes procedió a disparar sobre cada una de las fotografías derribando estas y sus soportes. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad procedieron a la apertura de diligencias para averiguar los autores y poner el material a disposición de la Fiscalía por si considera los hechos constitutivos de delito. Por su parte la Abogacía del Estado anunció que iba a presentar la correspondiente denuncia. El gobierno ha emitido un comunicado en el que literalmente manifiesta: " su total repulsa y condena de estas imágenes, que contienen amenazas graves y siembran el odio (…) hechos así alimentan a los sectores más ultras de la sociedad que pretenden destruir valores esenciales de nuestra democracia y de nuestra Constitución, como son la convivencia y el respeto absoluto de la pluralidad política".

Tanto la actuación del energúmeno en cuestión como de los palmeros que participaron en la coreografía merecen el más absoluto de los rechazos por repugnante. De igual modo, y no se vea en ello ánimo alguno de matar al mensajero, resulta igualmente repugnante que semejante acto sea lo suficientemente noticiable como para que dichas imágenes sean reproducidas públicamente por algún medio o para crear apología del acto.

 El 11 de Abril de 2018 otro ciudadano, subiéndose al estrado del Parlamento de Galicia en uso de la palabra y en su condición de parlamentario, rompió sendas fotografías del Jefe del Estado matizando que no las quemaba debido a que el Parlamento de Galicia era un recinto cerrado y manifestó que su intención era "instruir en democracia" al considerar que constituía un acto de discrepancia política de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos exigiendo la derogación del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana y la interpretación que de dichas normas se realiza en materia de delitos de incitación al odio y enaltecimiento del terrorismo. En esa muy desafortunada sesión del Parlamento Gallego, nefastamente Presidida, y en el nivel de debate alcanzado, otro Parlamentario finalizó su alegato a la propuesta del anterior rompiendo otra fotografía de un terrorista acompañado de parlamentarios miembros del grupo del primer interviniente.

La actuación de los Parlamentarios, nada menos que en el ámbito de una sesión ordinaria del Parlamento de Galicia, generó un rechazo y repulsa "light", pero ni mereció la apertura de Diligencias, ni la denuncia de la Abogacía del Estado, ni la formulación de denuncia o querella por la Fiscalía.

El nivel de protección de los miembros del Gobierno (adviértase que me referí a las personas que figuraban en las fotografías por sus cargos no por sus nombres) está en nuestra normativa al mismo nivel que el del Jefe del Estado pues se trata de "preservar los valores de nuestra Constitución como son la convivencia y el respeto absoluto a la pluralidad política", tal y como proclama ahora el gobierno.

La pregunta es cómo podemos exigir una conducta distinta de los ciudadanos, cuando este tipo de conductas, de uno u otro modo, las llevamos a los parlamentos y las jaleamos con nuestro silencio.