Fernando R-Triana González
Una de tribunales
No sé si ustedes perciben como yo la tremenda confusión generada por nuestros magistrados en las últimas semanas con algunas de sus decisiones. Creo que la mayoría de los ciudadanos leen o escuchan atónitos como el más alto tribunal de nuestro Estado (TC) declara anticonstitucional el estado de alarma. En puridad si las sentencias se ajustan a derecho, como comentan algunos juristas de prestigio, es difícil comprender que muchos otros opinen lo contrario. Nuestros conocimientos sobre la cuestión son limitados, pero escuchar los argumentos a favor y en contra de los votos particulares de los magistrados del TC resulta cuanto menos paradójico. Como sanitario puedo imaginar el resultado de no haberse aplicado la norma en litigio: probablemente la muerte de miles de ciudadanos. De lo que sí estoy seguro es que asfixiaría a un sistema de salud, ya exangüe, por la desidia mostrada por nuestros políticos para sostener una Sanidad Pública de calidad descapitalizada desde el último decenio.
Algunos analistas han opinado que siendo anticonstitucional el estado de alarma se debería haber aplicado el estado de excepción, reflexión antitética, pues si el primero limita las libertades civiles en cierta medida, parece incongruente proponer una norma que sabemos que está diseñada para conflictos sociales de envergadura y que supondría una limitación de mayor calado del libre albedrio de los ciudadanos, a mi juicio intolerable. No deja de ser al menos curioso que quienes solicitaron la ampliación del estado de alarma en el órgano de representación de todos los españoles (el Parlamento) ahora aplaudan la decisión del alto tribunal advirtiéndonos de que tal norma no se ajustaba a derecho.
En Madrid la Audiencia Nacional no ve nada reprobable en el cartel electoral de Vox donde un MENA disfrazado de bandolero parece robarle la pensión a su abuela, con razonamientos tan edificantes como que la publicidad del partido de ultraderecha es un “eslogan electoral” y no se puede considerar que represente unas “ideas a prohibir”, mientras han de admitirse otras “tan criticables o más que estas” y que en el nombre de la libertad de expresión no procede sanción o advertencia. Yo propongo que en el próximo se vea al Generalísimo Franco vestido de legionario, cantando el Cara al Sol y con un rifeño muerto a sus pies señalando que “este ya no le robará la pensión a su madre”.
Desde Mallorca unos adolescentes, y no tanto, propagaron la pandemia por toda España. Muchos, con la connivencia de sus papás, se negaron incluso a realizarse los test pertinentes que al menos limitarían daños. ¡Hasta ahí podríamos llegar! ¡Pobres criaturas! Han sufrido tanto en su reclusión en un hotel de cuatro estrellas que una madre ha puesto una denuncia a la fiscalía por secuestro y se ha aceptado a trámite. Estaremos expectantes al fallo. La mayoría pensamos que la directora general de Salud Pública de las Baleares lo único que pretendía era controlar una enfermedad extremadamente contagiosa y limitar los desmanes de esos jovenzuelos. Lo que no parece procedente es investigar la nula solidaridad, el egoísmo y la falta de formación de algunos padres por sobreproteger a sus hijos liberándoles de toda responsabilidad. Esta sociedad ahora se configura de esta forma en demasiadas ocasiones: para conducir un vehículo a motor hace falta carnet, para ser padres al parecer no se necesita ningún requisito, de ahí los resultados tan edificantes de la formación humana que algunos proporcionan a sus vástagos.
Para culminar este clima de despropósitos las medidas sanitarias cambian. Se aprueban o deniegan a la voluntad de cada tribunal en los diversos territorios, contribuyendo así a una mayor confusión de los ciudadanos y aportando muy poco a la comprensión de los mecanismos de nuestro Poder Judicial.
Sin otro particular, se despide atentamente,
Fernando Rodríguez-Triana González