Paco Valero
ENCE, en su contexto
Pasan las décadas y el franquismo social sigue ahí, asomando unas veces la cabeza y otras el cuerpo entero. Y digo social, no político, porque afortunadamente los niñatos envueltos en enseñas preconstitucionales o los energúmenos de extrema derecha son, por de pronto, solo una minoría ruidosa y poco más. Pero otra cosa es esa "cultura" mamada en el franquismo que se caracteriza por el menosprecio de la política y del bien público y la retórica del desarrollismo. Esa cultura se ha convertido en la justificación a posteriori de la Dictadura y sigue condicionando la actividad pública. Un ejemplo reciente lo hemos podido leer aquí, en un artículo que pone en alegre compañía ENCE y los prósperos años del pasado, cuando al Dictador le ponían salmones en el anzuelo por estos lares. Toda una época, sí. A la que conviene recordar. Pero sin falacias. Esa época hay que verla en su contexto.
El franquismo no empezó con el desarrollismo de los años 60, ni tenía entre sus propósitos la "modernización" del país. Nada más lejos de la verdad: el franquismo empezó veinte años antes, dos décadas que fueron de autarquía, miseria y represión brutal, y de exaltación de valores premodernos (anteriores a la Ilustración francesa), en comandita con la Iglesia Católica. Solo a mediados de la década de 1950 recuperaron los españoles la renta anterior a la guerra civil. Veinte años perdidos para la gran mayoría en beneficio de unos pocos. Por comparar, Alemania, Francia, Bélgica, Reino Unido, Holanda recuperaron la renta anterior a la guerra mundial a inicios de la década de 1950, aunque la guerra acabó en 1945, seis años después que la española, y dejó una mayor devastación en esos países.
El franquismo empezó a cambiar tras el plan de Estabilización de 1959, con el que se inicia la "liberalización" de la economía española. El cambio que no hacía ninguna gracia al Dictador viene impuesto por las demandas de las elites sociales que apoyaban el franquismo (en los bancos se acumulaban las millonadas ganadas en los años anteriores y que permanecían ociosas en espera de nuevas oportunidades) y la presión de los nuevos aliados que aseguraban la permanencia del Régimen en el contexto de la Guerra Fría: básicamente, Estados Unidos.
El "desarrollismo" de los años 60 en España no es algo único, pues en la misma medida tiene lugar en todos los países del Viejo Continente y duraría hasta la primera crisis del petróleo. En Francia llaman a esos años (1945-1973) "les trente glorieuses". Aunque con diferencias: Alemania, Francia, Bélgica, Reino Unido, Holanda se convirtieron en países receptores de mano de obra inmigrante, mientras que España expulsó en las décadas de 1960 y 1970 a casi dos millones de personas. Solo así, se alcanzó el "pleno empleo". Otra diferencia es que esos países lo hicieron con planes de desarrollo condicionados y limitados por leyes democráticas y vigilados por la opinión pública. En España, no. Ciudadanos y trabajadores no podían asociarse ni participar libremente en la vida pública, y los que lo hacían eran duramente reprimidos y encarcelados. Bienes de todos, como la costa y los ríos, se pudieron convertir así, de hecho, en propiedad privada; se pudo esquilmar así en las ciudades buena parte del patrimonio histórico e inmobiliario, cuando no se abandonó y se convirtió en una ruina, y se llevó a cabo un crecimiento caótico, con barriadas que eran arrabales de penosas construcciones, sin servicios sociales y deficiente higienización.
En esos años, se inicia el modelo de desarrollo basado en el turismo masivo, la mano de obra barata para industrias híper dependientes de recursos petrolíferos baratos y la cultura empresarial del "pelotazo". Son los años en que entran a formar parte de los gobiernos franquistas los tecnócratas del Opus Dei, auspiciados por Carrero Blanco, un integrista totalitario que era un rara avis en el franquismo por su honradez personal. Como explica Javier Tusell en la biografía que le dedicó, desesperaba por encontrar gente del régimen honrada y bien preparada El país se moderniza, sí, se toleran los bikinis, aumenta la clase media y dejamos atrás muchas cosas. Pero lastramos las décadas venideras con una destrucción y apropiación sin igual de la riqueza natural, y con un modelo económico que pone el presupuesto público y el BOE al servicio de las grandes empresas de construcción y servicios, dando continuidad a una elite político-empresarial que compite, no por aumentar el pastel de todos, sino por apropiarse del mayor trozo de tarta posible.
En ese contexto tiene lugar la instalación de ENCE en la ría de Pontevedra, una empresa del Instituto Nacional de Industria que tenía en su presidencia al general Juan Antonio Suanzes, cargo que ocupó hasta 1963. Se hizo todo a la manera de la época: sin miramientos de ningún tipo. Durante más de 30 años, ENCE y la posterior ELNOSA vertieron a la ría lo que quisieron y como quisieron, y solo se empezó a poner algún remedio cuando fueron obligados.
El artículo tenía razón en eso: ENCE es el emblema de una época. Durante 50 años han sido dueños de una orilla de la ría, y ahora pretenden permanecer otros 75 años. Están pidiendo que los pontevedres nos olvidemos de ese lado de la costa durante todo el siglo XXI, o al menos hasta que los actuales propietarios se cansen y consideren que el negocio está en otra parte. Entonces se irán, dejándonos, eso sí, un legado envenenado. Llevarse los lodos tóxicos (con mercurio, entre otros metales pesados, como en la ría) dejados por ERCROS en el embalse de Flix (Tarragona) tiene un presupuesto de casi 224 millones de euros, que se pagarán con nuestros impuestos y los impuestos de los ciudadanos de la UE.
El futuro de ENCE no puede estar en la ría, a tres kilómetros del centro urbano, sino en un polígono industrial acorde con el tipo de actividad que lleva a cabo. La crisis y la miseria que ha traído no puede ser excusa para su permanencia, sino motivo para su marcha. Porque la ría y su ecosistema es un recurso natural lleno de posibilidades y de beneficios para la comunidad si se gestiona razonablemente. Y en eso deberían estar trabajando los responsables públicos, y no en enmascarar decisiones políticas con cambios legales.