Rafael FJ Rios
En defensa propia
Una de las consecuencias añadidas que provoca un mal gobierno es la de tener que dedicarle atención, un tiempo precioso inexcusablemente mal invertido. A estas alturas un mal gobernante ya no es el que deja las cuentas nacionales hechas unos zorros, aquel gobierno que nada o muy poco avanza en el progreso general de la nación: en el empleo, en la sanidad, en la educación, en la justicia… en la riqueza general de sus ciudadanos: (bienes + derechos) – (obligaciones y deudas). Hay opciones políticas de las que de antemano se pueden deducir sus resultados: cada vez que están en el poder, con la gestión realizada, al cabo de cuatro años el país no se habrá convertido en una sociedad con el dinamismo necesario para acercarse a los mejores. En su lugar, o bien se continuará más o menos igual que antes -perdiendo 4 años-, o bajarán los niveles de riqueza. Cuando llegue la hora de sancionar su gestión se irá a la oposición y ahí finaliza su trayectoria dejando un doble balance: pérdidas para la nación y sus habitantes, y el coste de oportunidad del tiempo transcurrido, los años perdidos. Son los gobernantes retrógrados. En cambio, el mal gobierno es el que tiene capacidad de alterar la estabilidad institucional poniendo en peligro los fundamentos de la democracia misma.
¿Tenemos más bienes? ¿Carreteras, hospitales, colegios…? ¿Tenemos más médicos, más enfermeros, más profesores? ¿Tenemos a mucha más gente trabajando? ¿tenemos a muchos menos parados? ¿tenemos poco paro juvenil?
¿Tardamos nada en ser atendidos en la Sanidad? ¿En la Administración nos atienden rápidamente las consultas? ¿Los ciudadanos estamos servidos por nuestro Estado? ¿somos nosotros los que tenemos que aportar tiempo, gestiones y dinero para ser servidos?
¿Los impuestos son razonables? ¿cuántas administraciones están por encima nuestra? ¿cuánto pagamos en total? ¿pagamos por todo? ¿cuánto? ¿por qué?
¿Nuestra nación tiene deuda? ¿cuánto debemos? ¿baja? ¿crece? ¿por qué?
El gobierno actual con su presidente snchz al frente tiene que irse a la calle. En lugar de médicos, carreteras y empleos que siguen igual o peor que antes, se han dedicado a la Ley, se han dedicado a nuestro ordenamiento legal con el fin de anular sus efectos y favorecer a unos cuantos. ¿A quiénes? A unos delincuentes. Los sacan de la cárcel, les rebajan las penas por malversación de fondos públicos: modifica la Ley para favorecer a una serie de ciudadanos que son políticos. Como si fuese un cacique del siglo XIX. El resto de la ciudadanía ve con asombro cómo de la más alta representación de nuestra nación puede surgir tamaña corrupción. Modifica las leyes para premiar a los que le van a favorecer. Estamos a un paso de un régimen del subdesarrollo, podría suceder en Zimbawe, en Manila, en cualquier régimen sudamericano. Es inconcebible.
Este gobierno ha soltado a la calle y rebajado condena a violadores. No hay otra manera de expresarlo. Es una aberración que cae a plomo sobre la vida de los ciudadanos y de lo que no podemos dar crédito: ahí siguen todos como si la vida pudiera continuar igual. Es de una vileza sin medida. No han movido un dedo: al único sitio que se molestan en mirar es a las encuestas: si el asunto ya está absorbido por la sociedad, adelante. Y van por más de 1.000. Ni las víctimas, ni las familias, ni sus amigos, nadie es importante. Cae la vida ciudadana al barro, airados, con un encono brutal por el abyecto abuso.
Hay maneras de nombrar lo importante. Decir los borbones cuando de lo que se trata es de nuestra Monarquía Constitucional es una forma de inconsciencia, siempre de ignorancia: hallar la solución al coste de oportunidad que supondría su falta sería a un coste tan brutal que la sociedad española quedaría hundida en la confrontación por generaciones. Para apuntar tan alto primero hay que ir desnaturalizando la vida diaria. Nombrar la memoria cocha, nombrar a los comunistas nacionalistas, nombrar a los comunistas bolivarianos, nombrar a los nacionalistas identitarios. Nombrar a todos los totalitarios. El respeto a la Constitución que es la Ley de todos, el nulo respeto a los ciudadanos que no les votan. Imponer su régimen: si el ciudadano común no cabe tendrá que marcharse o guardar silencio. Si la reacción es débil llegarán a imposibilitar la vida a miles de personas.
Por eso el partido gobernante ha entrado en terrenos peligrosos, porque acompaña a los totalitarios en su camino de enfrentamiento con la Ley: la humilde, sencilla y perseverante Constitución Española. Mientras horadan las instituciones, las manejan y las ocupan con sus komisarios, la Ley duda, titubea, porque en la balanza hay una mano por detrás que está forzando el peso de un lado y desamparando el otro. ¿Quién defiende a la ciudadanía que quiere hablar su lengua en cualquier parte de nuestra nación? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI la sociedad española conviva con semejante acción totalitaria? ¿Cómo es posible que apliquen una Ley para la memoria? ¿Nos obligan a pensar solamente aquello que diga la Ley? Sí. Así es. Quien diga, escriba, hable o publique información contraria a dicha cocha Ley, está la justicia partidista a la vuelta de la esquina. ¿Cómo es posible? ¿Cómo no hay escritos, manifestaciones, verdaderos escándalos cada vez que aparezcan en público? Unos necesitan limpiar su camino de sangre, y otros les prestan el cubo y la bayeta. Unos okupan la Justicia para que otros atornillen la libertad y la verdad. Ambos al mando.
El gobierno actual con su presidente snchz al frente tiene que irse a la calle.