Me llena de profunda preocupación, que las manifestaciones que se han celebrado hasta le fecha y se sucederán como mínimo hasta mañana en contra del pacto de Junts con el PSOE para la investidura de Sánchez, se hayan centrado en un aspecto menor como es la amnistia de algún que otro caradura que desde una posición privilegiada de poder, ha esperado al oportuno momento para poder recibir una absolución divina de sus pecados.

 

Digo que es un aspecto menor, porque, aunque en parte viole el principio de que todos los españoles somos iguales ante la ley, el mecanismo de la amnistia e indulto existe. Si bien a lo largo de la historia de la democracia se han sucedido varios indultos con Felipe González (+5000), Aznar (+5000), Zapatero (+3.500) y Rajoy (800), sólo ha habido una amnistia en la historia de España y ha sido la promulgada en 1977 para limpiar los pecados del Franquismo. Resulta como mínimo paradójico, que el mismo gobierno que critica esa amnistia y se ha empeñado en enmendar la "memoria histórica" de nuestro país por las heridas que dejó dicha decisión en 1977, pretenda que la nueva amnistia de 2023, no tenga un efecto de tensión similar en el medio-largo plazo de la historia de nuestro país.

 

Pero lo que realmente me preocupa y que supone el mayor problema, es la quita económica de deuda de Cataluña con el estado y la cesión de gestión de todos los tributos a la comunidad autónoma de Cataluña.

 

Si señorías, la condonación de deuda y la cesión de los tributos va a generar aún más tensiones en el modelo de financiación el nuestro estado. Existirán ahora comunidades de primera y, comunidades de segunda. La constitución sólo tiene reflejados al País Vasco y Navarra como territorios forales. Si Cataluña consigue añadirse como tal, estaríamos ante el inicio de la quiebra del sistema autonómico de nuestro país que se rige mediante el principio de solidaridad recogido en el articulo 2 de la constitución. Y digo más: el articulo 138 garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el articulo 2, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español…, enfatiza que, las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas "no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales".

 

¿Qué sería de nosotros como gallegos si ahora todas las comunidades pudientes quisieran acogerse a un nuevo marco fiscal como este? La pobreza fiscal absoluta mediante la reducción de los gastos e inversiones que acometen las diferentes administraciones en nuestra comunidad. Si ya somos unos parias (el BNG ha pedido cuatro perradas para investir a Sánchez) ya que no representamos apenas votos en el congreso, ¿qué vamos a ser a partir de ahora?

 

Como han podido leer, esto no sólo viola la división de poderes y pone en jaque una vez más el estado de derecho. La parte económica, es una aberración contra las comunidades más pequeñas como Galicia. Les invito a meditarlo. Pero créanme, que si esto llega a suceder, todos los gallegos deberíamos volvernos independentistas de la noche a la mañana.

 

Pedro Estévez Fernández