La Guardia Civil de Pontevedra localizó este jueves a tres cazadores furtivos en las inmediaciones del cementerio de Santa Cristina de Cobres, en el término municipal de Vilaboa.
Según han informado fuentes oficiales del Instituto Armado, los tres cazadores, dos de ellos vecinos de Vilaboa y el otro con domicilio en el municipio de Pontevedra, fueron interceptados a las diez de la noche por una patrulla de seguridad ciudadana cuando circulaban en un vehículo todo terreno. En el interior del vehículo la Guardia Civil localizó una carabina del calibre 22, depositada en el suelo entre la puerta y el asiento delantero derecho.
El arma estaba al alcance de la mano del acompañante que ocupaba el asiento delantero y dispuesta para disparar, con una bala en la recámara y cinco más en el cargador. La carabina tenía acoplada, además, un silenciador y una mira telescópica.
En el interior del vehículo y como elemento complementario para facilitar el ejercicio de la caza en horas nocturnas, llevaban una linterna de gran potencia conectada con el sistema eléctrico del vehículo. En el capó se incautó un conejo que habían abatido recientemente.
A la vista de todas estas circunstancias que evidencian un ejercicio ilegítimo de la caza, tanto por los medios utilizados, como por la hora y el lugar donde supuestamente se estaba llevando a cabo, la Guardia Civil denunció a los tres ocupantes del vehículo por dos infracciones muy graves a la Ley de Caza, una de ellas por utilizar fuentes artificiales de luz y la otra por hacerlo con un arma con dispositivos auxiliares no autorizados (silenciador y mira telescópica) y una tercera infracción grave por cazar durante la noche.
La Ley de Caza de Galicia prevé sanciones económicas de 600 a 6.000 euros para las infracciones graves y de 6.000 a 30.000 para las muy graves.
Sin perjuicio de estas denuncias administrativas, cuya responsabilidad sancionadora corresponde a la Xunta de Galicia, la Guardia Civil iniciará también los correspondientes expedientes de revocación de las licencias de armas de las que son titulares estas personas.
Asimismo, la Guardia Civil investiga penalmente al ocupante del vehículo, que dijo ser responsable del arma, por un supuesto delito de tenencia de armas prohibidas, que es la consideración que adquiere la carabina desde el momento en el que se le acopló el silenciador.