Ocho de los casi 18 millones de euros que costará el nuevo edificio judicial de A Parda saldrán del Estado. Así se recoge en el proyecto de presupuestos generales del Estado presentado en las últimas horas. El dinero llegará a la Xunta a través del fondo de compensación, que el ejecutivo central destina a equilibrar los ingresos de las autonomías.
Este hecho ha sido calificado como "rechamante" por parte del alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, porque ha recordado que se trata de una obra que la Xunta de Galicia "vendeunos hai sete anos".
Fernández Lores, en este sentido, ha acusado al gobierno gallego de "mentir" cuando responsabilizaba al Concello del retraso en las obras de construcción de este nuevo edificio judicial por no tener los terrenos cuando el problema era, ha añadido, "que non tiñan un peso" para pagar las obras.
"Todo o que estaban dicindo era mentira", ha reiterado el alcalde de Pontevedra, que ha criticado que el Estado destine dinero para "pagar compromisos da Xunta" y que ésta, mientras tanto, "intente meterlle o dedo no ollo" al Concello en relación a este proyecto.
A este respecto, el gobierno gallego ha matizado que aunque el Estado no transfiriera ese dinero a través del fondo de compensación interterritorial, el edificio judicial tendría garantizada "igualmente" su financiación.
Fuentes de la Consellería de Presidencia han señalado a PontevedraViva que Lores "se equivoca" en sus críticas porque explican que "no son fondos del Estado, sino de la Xunta" y muestran su sorpresa por su "profundo desconocimiento" de cómo funciona un presupuesto público, "algo preocupante en un alcalde".
La Xunta sostiene que las comunidades pueden destinar el dinero que el Gobierno reparte a través de este fondo "a lo que quieran", siempre que se trate de inversiones. "Es una parte más de los ingresos de la Xunta y como tal forman parte del presupuesto de la Xunta", aseguran, por lo que garantizan que el edificio judicial "lo financia la Xunta" con sus recursos.
Esta inversión aparece en los presupuestos generales del Estado "a título informativo", como hace con todos los proyectos que las comunidades financian con cargo a este fondo, una información que los gobiernos autonómicos suministran al ejecutivo central "para su conocimiento".