Un promotor niega haberse quedado con 30.000 euros que una pareja de Marín pagó para construir una casa
Por Natalia Puga & Mónica Patxot
El promotor inmobiliario Borja G.M. se sentó este martes en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Pontevedra por presuntamente haberse quedado con 28.516,25 euros que una pareja de Marín pagó como provisión de fondos para la construcción de su vivienda. La obra no se terminó, pero él tan sólo le devolvió 1.483,75 euros de los 30.000 aportados.
El acusado negó las acusaciones, pues aunque sí reconoció que firmó dos contratos con esa pareja en los que se detalla que existía una aportación inicial de 30.000 euros y que se le garantizaba su devolución en caso de incumplimiento de las obligaciones de construcción de la vivienda asegura que ese dinero nunca llegó a entregarse.
Borja G.M. era administrador único de una empresa que se hizo cargo de un contrato previo para la construcción de una vivienda unifamiliar en Marín y en agosto de 2016 reconoció haber firmado esos dos contratos, pero niega que recibiese el dinero y también que emitiese un aval bancario como garantía de esos 30.000 euros.
Este martes, durante el juicio celebrado en la Sección Cuarta de la Audiencia, también comparecieron sus dos presuntas víctimas, que aseguraron que sí firmaron esos dos contratos y que el acusado les entregó el aval bancario. En un primer momento, no tuvieron ninguna duda de que terminaría las obras, pero, pasado un mes sin que avanzasen, desconfiaron.
Una de las víctimas explicó que acudieron al banco y allí les indicaron que el aval no había sido emitido por la entidad. Al respecto, la empleada de la oficina a la que consultaron indicó que ya "a simple vista" se veía que no era un aval válido y la asesoría jurídica concluyó que el documento "era falso". Así, usaba un tipo de papel ya no empleado por esta entidad y un sello que no reconocían.
El matrimonio que presuntamente fue víctima del acusado explicó que durante el tiempo transcurrido desde la firma de los contratos y el momento en que descubrieron que el aval era falso llegaron a pagarle al acusado, además de los 30.000 euros de provisión de fondos, una certificación de 3.526,28 euros por unos trabajos sí realizados.
Además, añadieron que, tras averiguar lo ocurrido, intentaron quedar con el acusado y se intercambiaron correos electrónicos y whatspp, pero "nunca se presentó" a la cita y ni le devolvió la provisión de fondos ni terminó la obra. Solo llegó a hacer obras en el muro de cierre de la vivienda y en una piscina por valor de 3.536,28 euros.
La fiscala del caso le atribuye un delito de falsificación de documento mercantil cometido por particular en concurso con un delito de apropiación indebida y pide que sea condenado a cuatro años de prisión y una multa de 9 meses con una cuota diaria de 12 euros.
En un primer momento, le pedía que pagase 30.000 euros de esa provisión de fondos, pero, tras el juicio, decidió modificar sus conclusiones y pedirle solo como responsabilidad civil 28.516,25 euros. De hecho, también modificó parte de su relato de hechos para añadir que, al pagarle esa certificación de 3.526,28 euros también se puede dar por descontados 1.483,75 euros de provisión de fondos.
A pesar de que el acusado aseguró que él no les entregó esa aval ahora cuestionado, la fiscala del caso no le dio credibilidad a ese argumento defensivo, pues hasta el juicio nunca había alegado esta explicación y "por primera vez" lo citó este martes.