Un funcionario de la Subdelegación del Gobierno proclama su inocencia ante el jurado que le juzga por cohecho
Por Natalia Puga & Mónica Patxot
Francisco Javier M.B., funcionario de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra desde el año 1998, ha proclamado este lunes su inocencia de las acusaciones que le han llevado a sentarse en el banquillo de los acusados ante un tribunal popular. La Fiscalía sostiene que cometió un delito de cohecho por pedir "regalitos" a cambio de tramitar permisos de residencia, pero él sostiene que "nunca" actuó de esta forma.
"No pedí ni recibí nada nunca", aseguró en su declaración en la Sección segunda de la Audiencia de Pontevedra. Negó de forma contundente el relato de hechos que realiza el fiscal, por el que pide que sea condenado a cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación especial para empleo o cargo público como autor de un delito continuado de cohecho.
El fiscal del caso, Augusto Santaló, sostiene que solicitó a al menos cuatro personas que acudieron a la Subdelegación para solicitar autorización de residencia en España bien un "regalito" bien dinero a cambio de ayudarles en la tramitación de sus expedientes. Si bien tan solo dos de ellas le pagaron -50 y 150 euros, respectivamente-, cree que el delito lo cometió igualmente por el mero hecho de pedirlo.
El acusado explicó que su trabajo en la Subdelegación consistía en dar información a las personas que llaman por teléfono o van directamente a las dependencias de la plaza de España y en recoger la documentación presentada e introducirla en el sistema, pero no tiene ningún poder de decisión. Además, aclaró que no realiza ningún cobro, sino que las personas solicitantes deben pagar las tasas en el banco y llevar el justificante.
Francisco Javier M.B. reconoció que, en alguna ocasión, en tono desenfadado, puede haber dicho por teléfono a personas que pedían información que había que hacer "un regalito a la administración", en referencia al pago de las tasas. Esa 'broma' la hacía porque antes no había que pagar tasas, pero siempre referente a "un regalito para la administración", nunca para él mismo.
Tres de las mujeres a las que, según la Fiscalía, pidió dinero declararon como testigos en el juicio. Una de ellas aseguró que fue con su hermana a pedir la renovación de residencia, pero se le había pasado el plazo y el acusado, según su relato, le dijo que "iba a necesitar su ayuda y que le diese un regalito". A continuación, le aclaró que "era dinero".
La chica, que luego denunció los hechos animada por su hermana, sí le llegó a entregar, según su testimonio, 50 euros. A pesar de eso, le denegaron la solicitud de residencia. En todo caso, ella asegura que denunció antes de saber que se lo habían negado porque "no era lo correcto". Su hermana también declaró y confirmó que le pidió ese "regalito" y que le especificó que era dinero.
Otra mujer indicó que no llegó a pagarle nada, pero que él sí le pidió. De hecho, asegura que le llamó por teléfono y le dijo "quiero algo para mí" a cambio de tramitar el expediente para su hija. Ella fue a la Subdelegación y llevaba 200 euros en el bolso, pero finalmente no se los dio porque le atendió otro funcionario. Aunque reconoce que no le especificó que le pedía dinero, ella lo dedujo.
La tercera supuesta víctima que compareció como testigo en la Audiencia indicó que el acusado le dijo que le tenía que dar "cierta cantidad de dinero", sin especificarle cuánto. Ella un día le entregó en la propia Sudelegación 100 euros en un sobre blanco y otro día quedó con él fuera, tras contactar por mensaje telefónico, y le entregó otros 50.
Por la sala de vistas también pasaron cinco compañeros del procesado en la Subdelegación, que aseguraron que nunca vieron nada extraño en sus gestiones y defendieron que nunca nadie se había quejado por comportamientos como los que le han llevado al banquillo. Según indicaron, solía estar en la misma sala con más funcionarios y nunca notaron entregas de dinero.
El juicio quedó ya listo para que el tribunal de jurado empiece a deliberar este martes por la mañana. Antes del término de la primera sesión, el fiscal mantuvo que los testimonios fueron "contundentes" y que quedó demostrado el delito de cohecho, pues "no era ni siquiera necesario que le entregasen dinero", sino que con solicitarlo era suficiente.
El fiscal mantiene que "lo que estamos juzgando no son 50 ni 150 euros, es la ética" y que los funcionarios no pueden pedir ni recibir dinero, mientras que el abogado defensor de Franciso Javier cree que "no hay prueba ni dato objetivo" que permita asegurar que pidiese ni recibiese dinero y pide que el jurado le declare no culpable y sea absuelto.
Inicialmente, la Fiscalía también el atribuía un delito de falsedad documental, pero en este juicio ya no lo acusaba por él, al no considerarlo acreditado.
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