El jurado declara culpable al funcionario acusado de pedir "regalitos" a cambio de permisos de residencia
Por Natalia Puga
El tribunal popular seleccionado para juzgar a un funcionario de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra acusado de un delito de cohecho por pedir "regalitos" a cambio de tramitar permisos de residencia ha concluido que es culpable de estos hechos.
El juicio comenzó este lunes y a primera hora de este martes el jurado se encerró a deliberar. A mediodía, poco más de cuatro horas después, ya tenían veredicto y, por siete votos a favor y dos en contra, concluyeron que era culpable de los hechos por los el fiscal le acusó y fue juzgado.
El acusado, Francisco Javier M.B., funcionario de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra desde el año 1998, y antes cinco años en la Administración pública en Madrid, había sostenido en su declaración que "nunca" pidió ni recibió nada de las personas que acudían al departamento de Extranjería de la Subdelegación en el que trabajaba, pero lel jurado dio más credibilidad a las mujeres a las que presuntamente pidió ese dinero.
El fiscal pedía inicialmente que el acusado fuese condenado a cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación especial para empleo o cargo público como autor de un delito continuado de cohecho y la defensa del acusado interesaba su libre absolución. Tras escuchar el veredicto de culpabilidad, el representante del ministerio público rebajó de cuatro a tres la petición de prisión mientras que la defensa reconoció una condena a dos años.
El jurado, íntegramente femenino, se mostró partidario de la suspensión de la pena para que el acusado, una vez condenado, no tenga que entrar en prisión y rechazó un posible indulto. En todo caso, si el tribunal finalmente impone la pena solicitada por el fiscal, de tres años de prisión, no cabrá esa posible suspensión de la pena y tendrá que cumplir un período de privación de libertad.
El fiscal del caso, Augusto Santaló, sostiene que solicitó a al menos cuatro personas que acudieron a la Subdelegación para solicitar permisos de residencia en España un "regalito" o, directamente, dinero a cambio de ayudarles en la tramitación de sus expedientes. Tan solo dos de ellas le pagaron -50 y 150 euros, respectivamente-, pero el representante del ministerio público considera que el delito lo cometió igualmente por el mero hecho de pedirlo.
El acusado explicó que su trabajo en la Subdelegación consistía en dar información a las personas que llaman por teléfono o van directamente a las dependencias de la plaza de España y en recoger la documentación presentada e introducirla en el sistema, pero no tiene ningún poder de decisión.
Además, aclaró que no realiza ningún cobro, sino que las personas solicitantes deben pagar las tasas en el banco y llevar el justificante y que es posible que en alguna ocasión, en tono desenfadado, puede haber dicho por teléfono a personas que pedían información que había que hacer "un regalito a la administración", en referencia al pago de las tasas, pero nunca para él
Tres de las mujeres a las que, según la Fiscalía, pidió dinero confirmaron esos extremos en el juicio.
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