El Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra ha celebrado este martes un juicio por furtivismo contra A.J.H. uno de los dos acusados por este caso ya que el otro G.P.B., no ha comparecido.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, sobre las 10.00 horas del día 06 de junio de 2017, los acusados fueron sorprendidos por agentes del Seprona de Galicia cuando estaban extrayendo almeja y vieira, y ya contaban con la cantidad de 35,5 kilos de bivalvos que estaban contaminados por bacterias E. coli.
Estos furtivos se encontraban faenando en el entorno marítimo de Pedra Dos Caralletes en Acuña, en el municipio de Vilaboa y, según la Fiscalía, lo hacía "con la clara finalidad de comerciar con ellas y destinarlas al consumo humano". Además el Ministerio Público señala que estas dos personas sabían "la posibilidad de que el género estuviese corrompido por ausencia de evisceración controlada reglamentariamente".
Además carecían de la preceptiva licencia de la Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos y del preceptivo control de la extracción por personal del Servicio de Protección de Recursos, sin respetar los puntos de descarga previstos, "vulnerando flagrantemente la normativa" sobre transporte del molusco e incumpliendo el procedimiento reglamentario de eviscerado, "poniendo en grave peligro la salud de los potenciales consumidores"
A mayores, la Fiscalía entiende que los acusados también sabían que la actividad extractiva se encontraba prohibida en dicha zona por resolución del Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar), clasificando la zona como clase C.
Analizada una muestra de la vieira incautada, se constató la presencia de la 54.000 bacterias E. coli por gramo de muestra analizada, siendo tal concentración "extremadamente dañina para la salud" al exceder notoriamente de la permitida para el consumo humano, 48.000 bacterias E. coli por 100 gramos.
La Fiscalía les acusa de un delito de marisqueo furtivo y otro contra la salud pública en grado de tentativa por los que ha pedido para G.P.B., una pena de un año y tres meses de prisión, multa de ocho meses con cuota diaria de diez euros y ha rebajado a la mitad la petición de condena para G.P.B., que sí se presentó a la vista oral y llegó a un acuerdo con el Ministerio Público reconociendo la autoría de una parte de los hechos.
Además la Fiscalía pide la inhabilitación especial de los acusados para el ejercicio de cualquier actividad relacionada con el comercio de pescados y mariscos por tiempo de tres años para el acusado ausente y dos años para el que sí acudió al juicio.