La CIG reclama a la Fiscalía que actúe de oficio en el caso del cierre de la empresa Nexia
Por Cristina Saiz & Anxo Lourido
Los trabajadores de Nexia Infraestructuras evitan las fotos porque desde la empresa ya les avisaron de que si figuran en reivindicaciones se quedarán sin trabajo en el sector. Así lo manifiestan integrantes del plantel que este lunes participaban en la rueda de prensa ofrecida por Xaquín Agulla, secretario comarcal de la CIG-Construción, para reclamar a la Fiscalía de Pontevedra que intervenga en este conflicto laboral una vez que la Inspección de Trabajo ha instado a la Seguridad Social a conceder la baja a las 62 personas que actualmente forman parte del cuadro de trabajadores. Otros cinco pidieron la baja voluntaria.
Esta decisión por parte de la Inspección de Trabajo permite que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) se haga cargo de las indemnizaciones y que el personal pueda recibir la prestación por desempleo. Xaquín Agulla indicó que hace unos días, la empresa intentó que la representación de la CIG firmara un acuerdo de ERE para rescindir la mayor parte de los contratos, pero sin presentar la solicitud correspondiente ante la autoridad laboral.
Desde el sindicato indican que incluso se llegó a amenazar en caso de que no aceptasen con no aportar los certificados de empresa para que el personal pudiera optar a las prestaciones de desempleo.
Agulla criticó que el propietario de la empresa "supostamente" se encuentre en Panamá y que hubiera trasladado a los trabajadores que un grupo inversor potente iba a adquirir la empresa. Esta venta se hizo efectiva el 5 de febrero a Realcom Maquinaria, una sociedad instrumental que se encuentra vinculada a Nexia, según apuntaba el representante de la CIG.
"Fiscalía tiña que actuar de oficio", afirma Xaquín Agulla, molesto con la actitud del fiscal jefe Juan Carlos Aladro por no intervenir en esta situación para depurar responsabilidades cuando Inspección de Trabajo trató 15 días en localizar a un interlocutor válido en la empresa. Los proveedores acudieron ante el Ministerio Fiscal para solicitar la intervención y, según señala el sindicalista, solo les aconsejaron que presentaran una denuncia formal.
Agulla indica que quedan varias obras públicas sin finalizar y las arcas del Estado será quien pague los salarios y las indemnizaciones pendientes. Recuerda que esta situación repite el precedente de la empresa Sercoysa, una sociedad del mismo sector y que fue fundada por los mismos socios.
El representante sindical también alertó a las administraciones públicas para que sean más rigurosos a la hora de adjudicar concursos públicos. En este sentido, señaló que Nexia Infraestructuras presentaba ofertas a la baja y ahora tanto concellos como la Deputación Provincial se encuentran con obras colgadas.
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