Las entidades sociales de Pontevedra están preocupadas por el aumento de la demanda de alimentos
Por Oskar Viéitez
Las principales entidades y organizaciones sociales de Pontevedra le transmitieron al Concello su preocupación ante el incremento de las situaciones de necesidad que trajo consigo la crisis sanitaria de la Covid-19, especialmente en la demanda de alimentos.
Por este motivo, la concejalía de Bienestar Social, que dirige la edil Paloma Castro, se está coordinando con los colectivos de cara a diseñar un plan de respuesta que se sincronice con las demandas que surjan en las diferentes fases de la desescalada.
Así lo acordaron en una reunión telemática en la que, además de la propia Paloma Castro; el jefe del Servicio de Bienestar Social, Carlos Muiños; la actual responsable de las trabajadoras sociales, Ángeles Torres, y la monitora-educadora Patricia González, coordinadora de los albergues del Multiúsos de la Xunqueira y Raíña da Paz, también participaron representantes de Cáritas, Calor y Café, Club de Leones, San Francisco, Cruz Roja y las fundaciones Meniños y Secretariado Gitano.
Tal y como explicó la concejal socialista al final del encuentro, "estamos preparándonos para un aumento de la demanda de recursos sociales y hace falta estar más coordinados que nunca", por lo que han previsto "mantener una reunión cada vez que se cambie de fase de la desescalada, de manera que podamos afrontar cada una con sus necesidades y particularidades".
La siguiente reunión será la semana del 11 mayo, coincidiendo con el comienzo de la Fase 1.
La edil del PSOE constata que "el mayor incremento de demanda se está dando en lo que respecta a alimentos y otros artículos de primera necesidad", con una ampliación generalizada de usuarios en este campo e incluso con muchos ciudadanos que vienen a recoger para repartir entre otras personas que lo precisan.
La concejala acaba de firmar esta misma semana la renovación del contrato con el restaurante O Roxo para que durante el mes de mayo continúe preparando menús a los niños de Servicios Sociales que quedaron sin comedor escolar con motivo del inicio del estado de alarma (contratación para la que se destinó una aportación económica de casi 10.000 euros).
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