El TSXG anula la subida de tasas de la guardería de la Ciudad Infantil Príncipe Felipe acordada en 2012
Por Oskar Viéitez
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anula la subida de tasas de la guardería de la Ciudad Infantil Príncipe Felipe acordada en 2012 en base a infracciones en el procedimiento de aprobación de las tasas y en la interpretación del Decreto de precios de la Xunta.
La sentencia estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por un grupo de padres contra los acuerdos de la Deputación de 27 de enero y 10 de febrero de 2012 por los que se modificaron los precios públicos por los servicios que se prestan en la Escola Infantil Prícipe Felipe, y los anula "por ser contrarios a derecho, declarando el de los actores a que les sean devueltas las cantidades abonadas con exceso por el servicio de guardería en dicho centro".
El presidente de la Deputación de Pontevedra, Rafael Louzán, situó en unos 13.000 euros la cantidad a devolver y se dirigió a los padres para que "recuerden quien les está dando este servicio " ya que "sin tener competencias en esta materia " la institución provincial está dando una cobertura social "que corresponde al concello de Pontevedra".
Esta sentencia es firme, es decir, no es susceptible del recurso ordinario de casación.
El conflicto surge tras la decisión de la dirección de Príncipe Felipe de autorizar a la concesionaria de la guardería a que incrementase los precios desde el pasado 1 de marzo del año 2012 pese a la fuerte contestación que la propuesta había generado entre los padres que entre otras razones entendían que vulneraba lo acordado en una reunión con el director del complejo dependiente de la Diputación.
Los padres argumentan que los acuerdos impugnados se tomaron con vulneración de lo establecido en la Ley de Bases de Régimen Local ya que, al ser de modificación de una ordenanza, tenían que haberse aprobado inicialmente por el Pleno, con información pública y audiencia de los interesados.
Desde la Deputación defendieron la subida apelando a los dos informes que encargó a los servicios jurídicos y económicos tras el primer encuentro con los padres.
Estos dos estudios de la Intervención y la Secretaría General, y el dictamen por la Comisión Informativa de Economía, Facenda e Turismo; se mostraron favorables a la subida señalando la delicada situación de la concesionaria de la guardería, Chupetes Galicia, cuyos ingresos no cubrían gastos, advirtiendo que los precios de la guardería se regulaban por un decreto del 2002 que acababa de ser actualizado, por lo que las tarifas estaban abocadas a un repunte.
El alto tribunal gallego admitió a trámite el recurso contencioso administrativo, iniciado ante el Juzgado Nº 2 de Pontevedra, y acordó elevar las actuaciones a esta Sala al considerar que era la competente para el conocimiento del recurso.