Las cifras que manejan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad evidencian "un alto grado de cumplimiento y responsabilidad" de la población de Pontevedra en relación con las normas establecidas para intentar frenar la pandemia de la covid-19, pero, pese a todo, sostienen que es necesario continuar con la labor de control y vigilancia policial, ya que, en palabras de la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, "estamos viviendo un momento crítico en la lucha contra el virus".

En este momento crítico, el Centro de Coordinación (CECOR) provincial acordó reorientar los dispositivos policiales de acuerdo con las nuevas medidas aprobadas por la Xunta, de tal manera que se reforzarán los operativos centrados en el correcto cumplimiento de los cierres perimetrales y en la vigilancia del cumplimiento de la normativa en los locales hostaleros.

Así lo avanzó este jueves Maica Larriba después de presidir una nueva reunión por videoconferencia del Centro de Coordinación (CECOR) provincial, establecido para el seguimiento de los dispositivos de seguridad vinculados a la actual situación sanitaria.

Además, aprovechó para facilitar datos de la actividad policial y señaló que entre el 14 y el 19 de enero las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llevaron a cabo en la provincia de Pontevedra 689 dispositivos de control y vigilancia nos cuales participaron 1.485 efectivos, se identificaron 13.292 personas, se controlaron 9.279 vehículos, se elevaron 277 propuestas de sanción y se realizó una detención.

La Unidad de la Policía Autonómica organizó en esas mismas fechas 110 dispositivos en los que participaron 205 efectivos. En estos controles se identificaron a 1.311 personas, se controlaron 640 vehículos y se impusieron un total de 57 sanciones.

La subdelegada pidió a toda la población de Pontevedra que no bajen la guardia y que sigan todas las recomendaciones realizadas por las autoridades sanitarias, pues "reducir las cifras de contagios está en nuestras manos".

La reunión tuvo como objetivo analizar las nuevas medidas adoptadas por la Xunta de Galicia que entraron en vigor este mismo jueves, y que implican que en la provincia de Pontevedra 38 ayuntamientos tienen el máximo nivel de restricciones: A Cañiza, A Estrada, A Guarda, A Illa de Arousa, A Lama, Arbo, As Neves, Baiona, Bueu, Caldas de Reis, Catoira, Creciente, Cuntis, Forcarei, Gondomar, Meis, Moaña, Mondariz, Moraña, Mos, Nigrán, Oia,O Porriño, O Rosal, Poio, Ponteareas, Pontecesures, Pontevedra, Redondela, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Silleda, Tomiño, Tui, Valga, Vigo, Vilagarcía de Arousa e Vilanova de Arousa.

Al encuentro asistieron el teniente coronel y jefe accidental de la Comandancia de la Guardia Civil en Pontevedra, Manuel Touceda; el comisario jefe de la Comisaría de Vigo-Redondela, Carlos Valcárcel; la comisaria provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Pontevedra, Estíbaliz Palma; el inspector jefe de la Policía Autonómica, Diego González; y el jefe territorial de la Vicepresidencia Primera y Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo, Ramón Pereiro.

Según informó Larriba, en la reunión también se dio cuenta de que la Guardia Civil reforzó en esta última semana la vigilancia en los diferentes pasos fronterizos de la provincia. En total, se llevaron a cabo 60 dispositivos móviles, en los que se identificaron 1.200 personas, se controlaron 1.025 vehículos y se elevaron 14 sanciones. Según informaron los responsables de la Guardia Civil, el flujo de personas procedentes de Portugal se redujo en estos días a niveles casi anecdóticos debido al confinamiento domiciliario y los cierres perimetrales decretados en el país vecino.