La justicia gratuita, ¿está en peligro?
Por Oskar Viéitez
El Congreso aprobará el miércoles 31 de octubre la subida de las tasas judiciales.
Entre otros aspectos la nueva regulación contempla que los recursos pasen de ser gratuitos a tener unas tasas de 500 y 750 euros.
Este proyecto de ley del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha recibido la crítica de las asociaciones judiciales, fiscales y de secretarios judiciales y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por entender que la elevada cuantía de las tasas "cercena" el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos amparándose en un afán "recaudatorio" y "disuasorio".
Según denunció la abogada pontevedresa y diputada electa del PSdeG, Patricia Vilán, el proyecto, "por primera vez imponme a los ciudadano la obligación de pagar tasas en primera instancia, esto es, la primera vez que se acude al juzgado para reclamar lo que a uno le deben. Y no tasas de 50 euros sino de 300 más 0,5% de la cantidad que se reclama en un Ordinario, y de 150 euros más 0,5% de la cantidad que se reclama en un verbal o en un monitorio".
"A esto sumemos honorarios de abogado y el 21% de IVA. Vamos que un ciudadano medio no puede asumirlo", denuncia Eva García de la Torre, secretaria provincial de Xustiza del PSdeG-PSOE.
Esta portavoz socialista calificó de inconstitucional a la ley de tasas judiciales ya que "nos vamos a encontrar con el ciudadano cliente y con el ciudadano que no va a tener opción de acudir a la justicia, habrá una de ricos y otra de beneficencia y se acabará expulsando a la clase media del sistema", concluyó.
El texto se tramita de urgencia con la previsión de que el Senado lo apruebe en noviembre.