Greenpeace: "Lo que urge ahora es que Ence sea por fin realista y comience a planificar su cierre en Lourizán de inmediato"
Por Redacción
La organización ecologista Greenpeace analizó este viernes por primera vez la sentencia de la Audiencia Nacional que anula la prórroga de 60 años concedida a Ence por el gobierno en funciones de Mariano Rajoy en 2016. La entidad, una de las tres que sostuvo el recurso junto con el Concello y la Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra (APDR), "celebra" el resultado del fallo y cree que ya es momento de mirar hacia delante.
Así, Greenpeace quiere resaltar que "lo que urge ahora es que Ence sea por fin realista, deje de intentar cambiar leyes a su gusto y fichar a políticos para su consejo de administración, y comience a planificar su cierre en Lourizán de inmediato, independientemente de que se pueda trasladar a otro lugar o no".
Además, la organización anunció este viernes a través de un comunicado que interpelará a la Xunta y el Gobierno de Estado para que comiencen a hacer los estudios pertinentes y recuperar la marisma de Lourizán para el patrimonio natural gallego, "restaurando el desastre generado en los últimos 60 años" de presencia de Ence en Lourizán.
Manoel Santos, coordinador de Greenpeace en Galicia, insiste en que "hay actividades que según la ley de Costas no pueden estar en dominio público, eso deja claro la ley y el fallo de la Audiencia Nacional" y recuerda a Ence que "ha tenido mucho tiempo para un posible traslado y proteger de manera efectiva los empleos, pero no ha querido. Ha preferido emplear otras tácticas cuando menos discutibles".
El colectivo también señala que no considera que esta sentencia ponga en peligro otro tipo de actividades y empleos, especialmente las relacionadas con el complejo mar-industria, pues muchas sí parece obligado que se realicen a pie de mar".
La sentencia dada a conocer hace una semana, según Greenpeace, "abre por fin la puerta para que Ence salga del dominio público marítimo-terrestre de la ría de Pontevedra lo más pronto posible", como ha venido reclamando este colectivo desde la década de 1990, al considerar la actividad de Ence incompatible con su presencia en el litoral pontevedrés.
Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España, valora el fallo como "una fabulosa noticia" no solo para el medio ambiente gallego y peninsular, sino para todas aquellas personas y organizaciones que, como ellos, defienden que los intereses políticos y económicos "nunca deben pasar por encima del bien común y la protección de la naturaleza".
El colectivo confía además en que se acabe confirmando en sentencia firme en el Tribunal Supremo y señala que la sentencia es "clara y contundente en sus fundamentos "y deja ver la claridad de su posición respecto a la improcedencia de la prórroga de la concesión.
Greenpeace estima también que, en el caso de que la sentencia sea firme, "puede ser muy relevante para otros casos en los que actividades lesivas que por su naturaleza no tienen porqué estar en dominio público dejen de ocupar el mismo".
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