25N | Performance del Colectivo Feminista Pontevedra para desvelar el patriarcado del sistema judicial
Por Mónica Patxot & Redacción
Máscaras blancas y ropa negra para simbolizar a las mujeres víctimas de la violencia machista. Con esta estética, la plaza de A Peregrina se convertía en la tarde de este jueves, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el escenario de un acto reivindicativo del Colectivo Feminista Pontevedra para denunciar la lacra de las violencias machistas, recordando que el "machismo mata".
En el manifiesto se hacía referencia a que la violencia de esos hombres no solo se dirige a las mujeres, sino también contra sus hijas e hijos. También hicieron referencia a la violencia que sufren las mujeres racializadas y trans, que sufren una doble discriminación.
Los datos reflejan más de 70 víctimas de violencia machista en este 2021 y el colectivo convocante asegura que hay miles de casos que todavía no han salido a la luz porque las víctimas no pueden denunciarlo.
Además, alertan del incremento de noticias relacionadas con la violencia sexual este año, con más de un 30% de casos respecto a 2020, con 2.000 denuncias. En la provincia de Pontevedra, según los datos trasladados por la Subdelegación del Gobierno, se registra un aumento de un 23% de agresiones sexuales a mujeres menores de edad. "Estamos fartas de que a excusa sexa o ocio nocturno e o consumo de alcohol. O agresor cando agrede é plenamente consciente. As vítimas son, en moitas ocasións, ninguneadas", expusieron en su manifiesto.
También recordaron casos como el de las violaciones en Igualada, con una brutal agresión a una menor de 16 años; la agresión a la menor de 14 años, en Torrent; la violación grupal de Sant Boi; la violación de la manada en Pamplona; en que la sociedad, las fuerzas policiales, la justicia o la sanidad no otorgaron credibilidad al testimonio de la víctima.
Por este motivo, alertan de que el cuestionamiento del relato de la víctima hace que sean revictimizadas. Demandan que se hagan públicos los nombres de los agresores y que el foco se centre en ellos como responsables de los delitos.
El manifiesto también se dirigió al sistema judicial por realizar a las víctimas preguntas del tipo: "¿estás segura de que cerraste las piernas?, ¿de que no provocaste a los acusados?, ¿de que no diste tu consentimiento por tu estado de embriaguez?, ¿de que no fue consentido?". Denuncian también la puesta en libertad de violadores o presuntos agresores sin medidas cautelares. Por estas causas consideran que la justicia patriarcal es responsable de que las agresiones aumentaran, refiriéndose también a penas de cárcel "irrisorias" de, como máximo, quince años y gozando de permisos penitenciarios para los culpables, argumentan.
Exigen formación obligatoria en género a profesionales que estén en contacto directo con víctimas de violencias machistas y que estos casos solo puedan ser juzgados por personas con formación especializada en género.
Consideran inadmisible que personal sanitario cuestione a mujeres, en algunos casos menores, cuando acuden a un centro hospitalario pidiendo una revisión después de una agresión sexual. Al mismo tiempo, cuestionan al Estado por no proteger a las víctimas y permita que circulen por internet y por redes sociales información sobre víctimas de agresiones y de abusos sexuales, como sucedió, entre otros casos, con la víctima de la Manada o con las mujeres grabadas en la fiesta de Marruxaina en A Mariña.
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