La petición de un año de cárcel por parte de la fiscalía al empleado de Ence acusado de atentado contra la autoridad tras los altercados ocurridos en marzo durante la protesta de los trabajadores de la fábrica en el Concello en la que increparon al alcalde motivó la reacción del sindicato Comisiones Obreras. La agrupación defenderá al trabajador en los juzgados y anuncia una campaña informativa en sus movilizaciones para demostrar la inocencia Ramiro Cedeira, la única persona enjuiciada tras lo ocurrido aquella jornada.
El secretario de organización del sindicato, Jose Luis García Pedrosa, mostró este viernes su incredulidad por la acusación y alega que la movilización de los trabajadores no interrumpió en ningún momento la actividad del Concello. "Non houbo ningunha actuación delictiva", asegura el representante de los trabajadores, quien sí reconoce que se profirieron cánticos contra la figura del alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, y también patadas a su vehículo.
"Só queren presentar aos traballadores de Ence como violentos", denuncia Pedrosa, quien adelanta que el sindicato presentará un recurso de apelación contra esta acusación al entender que no se ha producido ningún tipo de delito. Asimismo, la institución llevará a cabo en las futuras movilizaciones una campaña informativa con el objetivo de denunciar la "represión laboral" que, a su parecer, está llevando a cabo el Concello.
Por su parte, el trabajador al que la Fiscalía reclama un año de prisión, un año de inhabilitación a sufragio pasivo, una multa de 1.400 euros y a cargar con las costas del proceso judicial alega que lo único que hizo y seguirá haciendo es "defender o meu posto de traballo". Añade Ramiro Cedeira que "non fixen nada nin maltratei a niguén. Estou fastidiado porque parece que son un delincuente" y asegura que seguirá participando en los actos de Comisiones Obreras en defensa del empleo.
El empleado centra su defensa en que el coche del regidor no sufrió ningún desperfecto y en que el delito de atentado contra la autoridad no puede aplicársele solo a él cuando se trata de una protesta colectiva.
La presidenta del comité de empresas de oficinas centrales de la fábrica, Ana Cedeira, se posicionó también a favor del trabajador y declaró que esta denuncia "demuestra la calidad humana del alcalde, que es el único culpable de esta situación.
Por otro lado, la representante de los trabajadores señaló que la adscripción de los terrenos que ocupa la factoría al Puerto de Marín es la "única solución" para asegurar la continuidad de la pastera en Lourizán.