El Prestige, sin culpables
Por Natalia Puga
La factura de los gastos ocasionados por la marea negra del Prestige y la lista de daños y perjuicios que causó el desastre medio ambiental quedarán en un cajón. El tribunal que ha juzgado la catástrofe ha leído este miércoles una sentencia en la que absuelve a los tres acusados (el capitán, Apostolos Mangouras; el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos; y el ex director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors) de los delitos contra el medio ambiente, daños en espacios naturales protegidos y daños y deja sin atribuir las responsabilidades civiles por lo sucedido.
La sentencia solo condena a Mangouras a nueve meses de prisión por el delito de desobediencia grave a la autoridad por desoír las órdenes de las autoridades españolas a la hora de facilitar el remolque del barco después de que se diese la primera avería y fuga de fuel el 13 de noviembre, justo hace once años.
Por este único delito finalmente probado "no se causaron los daños y perjuicios derivados del vertido", de ahí que el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia justifique que no se puede atribuir a nadie la responsabilidad de asumir las indemnizaciones por el daño ocasionado.
La sentencia (que se leyó en A Coruña con ausencia de los acusados) concluye que "nadie sabe con exactitud cuál pudo ser la causa de lo ocurrido, ni cuál debería haber sido la respuesta apropiada a la situación de emergencia creada por la grave avería del Prestige", no hay responsables penales y, por lo tanto, tampoco civiles derivadas del hundimiento.
La sentencia reconoce "graves consecuencias económicas del vertido", pero no fija quién debe pagarlas
La resolución reconoce que el hundimiento del Prestige generó 368 millones de euros en gastos al Estado, 145 a la Xunta de Galicia y 67 a Francia y que dejó "ingentes daños y perjuicios" a empresas y particulares. Reconoce "las graves consecuencias económicas del vertido de fuel del Prestige", pero no encuentra quién debe pagarlas.
Hay una pequeña opción de que esas indemnizaciones pendientes puedan llegar a estar pagadas y está en la fianza de 22,7 millones de euros que pagó en los juzgados de Corcubión la compañía de seguros del Prestige, la británica, The London P&I Club, pero el tribunal se pronunciará en sentencia si se le devuelven o si se reparten entre los perjudicados.
La sentencia considera acreditado que como consecuencia del "prolongado, extenso e intenso" vertido de 63.000 las toneladas de fuel resultaron afectados 2.980 kilómetros del litoral costero, 1.137 playas contaminadas y 450.000 metros cuadrados de superficie rocosa impregnada de chapapote.
Además, asume que se produjeron daños en instalaciones particulares y públicas, perjuicios consistentes en el cierre o reducción de negocios directa o indirectamente relacionados con actividades pesqueras y marisqueras, además de influir en una utilización muy reducida de espacios naturales abiertos al disfrute general y con obvias implicaciones en el negocio turístico. Oficialmente se suspendió forzosamente en Galicia la actividad pesquera y marisquera hasta el 17 de mayo de 2003, con los consiguientes perjuicios.
INDEMNIZACIONES A PONTEVEDRESES
Pese a reconocer todos esos daños y los gastos que costó repararlos, no condena a nadie a pagarlos. Muchos de ellos fueron en Pontevedra y, de hecho, hubo decenas de empresas, particulares, asociaciones e incluso administraciones pontevedreses que se personaron en la causa para reclamar esa indemnización que no llegará. Al menos hasta que se resuelva el recurso que previsiblemente se presentará contra la sentencia ante el Tribunal Supremo.
Las cofradías de pescadores de Bueu, Cambados, Carril, Lourizán, Raxó, Sanxenxo, Vilanova, Vilaxoán, Santa María del Puerto de Marín, San Roque de Portonovo, San Telmo de Pontevedra, entre otras, también estuvieron en el juicio y pedían la condena del capitán y el jefe de máquinas por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente y por un delito de desobediencia por el que pedían que ellos fuesen a la cárcel y su aseguradora, el FIDAC y la armadora Mare Shiping les indemnizasen como responsables civiles.
Entre quienes se personaron en la causa estaban también el Concello de O Grove, que pedía prisión para Mangouras y López Sors, pero no establecía indemnizaciones; la sociedad cooperativa Ría de Arousa, que reclamaba 162.374,10 euros; o la cooperativa del mar San Miguel de Marín, que solicitaba 287.141,25 euros.
El Concello de A Illa de Arousa reclamaba 384.862,52 euros; el Consello Regulador Mexillón de Galicia, 3,1 millones; Amegrove, 3,2 millones; y Grovenses de Mejillones S.A., 368.463 euros. Ninguno recibirá, hasta el momento, la indemnización.
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