Un cuaderno que recogía el día a día del Club Pigalle, clave en un juicio por prostitución coactiva y agresión sexual
Por Natalia Puga
Un delito de favorecimiento de inmigración clandestina, con ánimo de lucro; tres delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual; tres delitos de prostitución coactiva y un delito de agresión sexual. Son las infracciones penales a las que se enfrentan Pablo Víctor C.D. y Elena Juliana, conocida como Jessica, por presuntamente traer a España a jóvenes para obligarlas a ejercer la prostitución en el club Pigalle de Meis.
Ambos se sentaron este martes en el banquillo de los acusados de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra y sostuvieron su inocencia, asegurando que ella era camarera en el local sin ninguna responsabilidad más y él, el administrador de un local en el que "se practicaba el alterne", todo el personal estaba contratado y tenía permiso de residencia y había chicas que ejercían la prostitución por su cuenta.
El acusado principal, para el que la Fiscalía pide 23 años de cárcel, atribuye la denuncia de tres chicas que motivó este procedimiento a un intento de "conseguir la documentación en España más fácil". Según su relato, el día antes de la redada de la Guardia Civil había discutido con ellas para pedirle que se fuesen porque había caducado su permiso de turista de tres meses, pasaban a estar irregulares en el local y él no quería a nadie sin papeles en el lugar.
Este hombre, de nacionalidad brasileña y con permiso de residencia en España, había trabajado en el club como camarero y luego se convirtió en administrador y socio y confirmó la versión de la otra acusada de que era solo camarera en el local, sin ninguna responsabilidad ni relación personal con él. También que días antes de que la Guardia Civil entrase en el club en mayo de 2018 ella se había ido a Rumanía -de donde era natural- a ver a su familia.
Ella, para la que la fiscala del caso pide 22 años de cárcel, corroboró que su intención era quedarse en su país y solo regresó por el proceso judicial en marcha.
Las tres mujeres que figuran como víctimas en este procedimiento realizan un relato muy diferente y aseguran que allí se ejercía la prostitución, que los dos acusados eran pareja y tenían la misma responsabilidad y que toda la actividad aparecía reflejada en un cuaderno.
Este documento, además de las declaraciones de las presuntas víctimas, será una de las pruebas clave en este juicio. Tiene anotaciones sobre el día a día de este local, que según las víctimas era un puticlub y según los acusados, un club de alterne en el que el beneficio del administrador era solo por las copas que las chicas servían a sus clientes.
El acusado principal aseguró que en ese cuaderno las chicas que trabajaban en el local apuntaban cuando subían a su habitación con un cliente y los gastos que suponía. Algunas de ellas vivían en habitaciones del propio club por las que pagaban 10 euros y el resto vivían fuera y, cuando subían con un cliente, él pagaba 3 euros por las sábanas y los preservativos. Por cada servicio sexual, cobraban 60 euros.
Su versión es que las chicas ejercían la prostitución libremente y no le daban dinero a él y que en ese local se anotaban esos movimientos para uso de ellas. Lo usaban tanto ellas como el camarero o él algunas veces, pero siempre a petición de las mujeres.
La otra acusada confirmó esa versión y aseguró que "ese cuaderno ni era mío ni lo controlaba yo", mientras que una de las jóvenes que presuntamente se prostituía allí obligada asegura que los dos acusados gestionaban ese cuaderno y que era, en realidad, la forma de ir contabilizando los servicios que ellas iban haciendo y lo que ganaban y gastaban para ir saldando la deuda que habían contraído con los acusados.
Pablo Víctor negó que existiese tal deuda, pero esta joven cifró la suya en 2.350 euros y declaró que tardó dos meses en pagarla. La deuda procedía del billete desde Venezuela, la reserva del hotel que le hicieron para simular que llegaba como turista, el cambio del dinero que le dejaron para mostrar en el aeropuerto y ropa interior y enseres personales que compró cuando llegó.
Esta joven señaló que tenía una situación económica muy mala en Venezuela, con tres hijos, y la contactaron para ejercer la prostitución en España, que fueron ambos acusados y que, a su llegada, le explicaron en qué consistía el trabajo y que primero debía devolver esa deuda. Dado que no ganaba dinero, en dos ocasiones les pidió 100 euros para enviar a sus hijos, que fueron añadiéndose a la deuda.
El juicio deberá dilucidar si las jóvenes estaban en el club obligadas o no. Ellas aseguran que no tenían libertad de movimientos, solo podían salir los martes porque era su día libre y siempre acompañadas por la acusada o por un taxista de confianza del administrador y que incluso la amenazaba y a una llegó a violarla.
Los acusados aseguran, sin embargo, que podían salir libremente, que no había ningún candado en la puerta y que ellas tenían dinero que gastaban en comprar ropa de marca o hacerse la manicura. Como pruebas, aportaron fotos colgadas por ellas en facebook que retratan momentos de ocio.
Relacionadas:
-
El responsable de un club de Meis, condenado por favorecer la inmigración clandestina y absuelto de trata y prostitución
Por Natalia Puga |
-
La Audiencia retoma el juicio por trata de mujeres contra los dueños de un club de Meis
Por Oskar Viéitez |
-
Suspendido el juicio por trata de mujeres contra los dueños de un club de Meis ante la falta de una testigo
Por Oskar Viéitez |
-
Los dueños de un club de Meis, a juicio por trata de mujeres y agresión sexual
Por Redacción |